Tras el segundo fracaso del Gobierno en el nombramiento de fiscal nacional, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, enfrenta un duro escenario en el que la oposición exige su renuncia mientras se mantiene la incertidumbre en torno a la posibilidad de éxito en un tercer intento, pues la situación actual muestra una alta dispersión de votos en el Senado, organismo que debe aprobar por dos tercios de sus integrantes el nombre elegido por el Presidente Gabriel Boric desde la quina elaborada por la Corte Suprema.

El lunes el Senado rechazó la propuesta de Marta Herrera para reemplazar a Jorge Abbott, tal como había ocurrido semanas antes con José Morales. Incluso la segunda opción del Ejecutivo tuvo menos apoyo que la primera: mientras Morales consiguió 31 votos, Herrera apenas tuvo 26. Por eso ayer la secretaria de Estado enfrentó serios cuestionamientos principalmente de Chile Vamos

El jefe de la bancada UDI, Jorge Alessandri, opinó que "los ministros se dividen entre los que sirven y los que no; y la ministra de Justicia, para la pega de ministro de Estado, de tramitación y nombramientos, no está sirviendo".

Su par de RN, Andrés Longton, también emplazó al Gobierno: "Le pedimos al Presidente de la República que le pida su cargo a la ministra, que dé un paso al costado. Es el momento de poner a una persona que tenga las competencias".

Enfrentada a este escenario, Ríos afirmó que "nuestros cargos están siempre a disposición del Presidente, y él siempre está evaluando; nosotros seguiremos cumpliendo nuestro trabajo hasta que el Presidente lo considere pertinente".

Nadie tiene los votos

La titular de Justicia lamentó el nuevo revés, pero aclaró que su papel ha sido activo: "Hemos hecho todas las conversaciones sistemáticamente, pero ningún candidato tenía todos los votos de todas las bancadas y para nosotros es imposible cuando hay tanta dispersión y diferencia de opiniones, y pueden observarlo en ambas votaciones".

En ese marco puntualizó que "es imposible en eso darles en el gusto a todos y cada uno de los senadores". Añadió que "las instituciones siempre deben mantener una posición deferente y cordial, y los senadores ayer plantearon su preocupación porque no todos estuvieron a la altura de ese trato".

La actitud del Senado también fue criticada por el Presidente Boric, quien afirmó que "cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado -y, permítanme decirlo, creo que lo que ha hecho el Senado ayer es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional- se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir. Tenemos que actuar todos en pos de un bien común, salir de la pelea chica".

Piden consenso

Respecto del inicio de un nuevo proceso, el senador Matías Walker (Demócratas) planteó que "estos nombramientos requieren un acuerdo entre el Presidente de la República y el Senado, de hecho así lo establece la Constitución. Yo espero que a partir de esta nueva derrota pueda haber humildad y alturas de miras por parte de los tres poderes del Estado, de no tratar de imponer el nombre favorito de cada uno, sino que llegar a un consenso".

Finalmente, el exfiscal nacional Sabas Chahuán afirmó en radio Universo que se debería revisar la forma en que se define el nombramiento del jefe del Ministerio Público: "Ahora que se está discutiendo un texto constitucional, debería reformarse, porque esta forma está considerada en la propia Constitución. Se ha politizado en extremo, en el sentido más detestable de la política, que es con descalificaciones. El Senado debería ser eliminado como partícipe de una votación política para evitar este juego de dimes y diretes".

Pasada ya más de una semana desde que los partidos políticos alcanzaran un acuerdo para avanzar en un nuevo proceso constituyente, se espera que el proyecto de reforma constitucional que lo permitiría sea presentado durante los próximos días. Incluso la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que tenía la esperanza de que se ingresara hoy al Congreso.

Sin embargo, esto no ha disminuido los entredichos en torno a los puntos del pacto y la forma en que este se firmó, como lo expresó ayer el senador Daniel Núñez (PC), quien en radio Cooperativa afirmó que la "movilización popular es un ingrediente clave en este proceso constituyente".

Ante el descontento de la centroizquierda y la izquierda por el resultado final del acuerdo constituyente firmado la semana pasada por los partidos políticos con representación en el Congreso, el parlamentario comunista expresó que "nosotros vamos a dar la pelea hasta el final y en todos los espacios -como siempre lo hemos hecho- democráticos porque esta nueva Constitución cumpla con los anhelos de transformación social".

Sobre los riesgos que podría tener este nuevo proceso constituyente, Núñez puntualizó que "tal vez el mayor riesgo es que quede cooptado por una elite política y económica que al final vele por los intereses de los grandes grupos económicos y que las demandas y expectativas ciudadanas queden en un segundo plano, o derechamente no sean considerados" en el texto final.

Por lo anterior, Núñez advirtió que "la movilización popular es un ingrediente clave en este proceso constituyente, y si esta tentación elitista de no escuchar a la ciudadanía empieza a manifestarse, lo más probable es que también la gente se exprese en la movilización social, que es algo totalmente legítimo y válido".

Recalcó que se refiere a las concentraciones donde esté la Convención o marchas que puedan producirse: "Que nadie esté diciendo que estoy llamando a los saqueos ni a quemar autos ni a hacer barricadas, si la movilización social es parte de los derechos que tenemos los chilenos en democracia".

Críticas

Ante estas palabras el director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo (RN), afirmó que "cada vez que el Partido Comunista ve que algo se le va de las manos invoca a la calle, a las movilizaciones, que muchas veces no son la expresión más democrática ni pacífica que uno quisiera. Eso da cuenta de lo que son. Nunca han sido categóricos en rechazar la violencia".

A la vez, acusó que el PC inició una "campaña anticipando ya una falta de legitimidad o dando a entender de que aquí nuevamente hay una cocina de poderes fácticos cuando ellos han sido parte de las negociaciones".

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) afirmó por su parte que "nosotros tenemos claridad y certeza de que aquello que se conversó y acordó es lo que tiene que presentarse en la reforma constitucional".