La cola larga de las deudas en Salud
Los funcionarios agrupados en la Confusam de Viña volvieron a sus funciones luego de obtener un compromiso del municipio sobre sus exigencias.
La extensa paralización que realizaron los funcionarios de la salud municipal viñamarina -agrupados en la Confusam y la AFAPS- terminó por cansar a muchos usuarios de la red asistencial, al punto que presionaron por una pronta resolución del conflicto, pese a la empatía que manifestaban con las peticiones de fondo levantadas por los gremios, entre otras, una solución a la millonaria deuda previsional y una mejor dotación de insumos médicos para un sistema que, en su conjunto, se encuentra exhausto luego de combatir por más de dos años la pandemia del covid-19.
La presión movilizó al municipio, que a fines de la semana pasada exigió el regreso de los funcionarios a sus turnos de atención y amenazó con descontar por planilla los días no trabajados. Para viabilizar la normalización del sistema, la administración municipal viñamarina se comprometió con una serie de hitos, recogidos en una planificación de corto y mediano plazo. Estos incluyen el pago en enero, febrero y marzo de gran parte de las cotizaciones que debe a los funcionarios, además de materializar la compra de seis vehículos para el área de Salud y acelerar el arribo de insumos y medicamentos que ya están comprados.
Sin embargo, resolver las exigencias de los funcionarios sólo aborda un aspecto de la millonaria deuda que la Corporación Municipal de Viña del Mar mantiene con instituciones previsionales, proveedores de insumos , servicios básicos y cuotas funcionarias. Para abordar este problema en su conjunto, el municipio viñamarino aprobó una operación financiera que supondrá un endeudamiento por diez años bajo la fórmula de un leaseback, esto es, una institución financiera presta a la ciudad los $ 17.517 millones que necesita para las deudas de la corporación, a cambio de un compromiso de pago de $ 2.323 millones anuales y la prenda de dos inmuebles municipales. Es una solución resistida por algunos concejales, quienes plantearon en varias ocasiones sus reparos ante la fórmula que proponía la administración que lidera la alcaldesa Ripamonti. Entre otras razones, porque todavía hay dos pasos en este proceso que ponen una cuota de incertidumbre. La operación de leaseback debe recibir el visto bueno de Hacienda y luego conseguir en una licitación pública un banco interesado en realizar el préstamo bajo las condiciones aprobadas por el Concejo Municipal, entre otras un CAE de 5,5%.
¿Qué significa todo esto? Que el largo conflicto por los problemas en la Corporación sólo vive una tregua que puede terminar en cualquier momento que el municipio, por desidia propia o resistencia de los terceros involucrados, no cumpla con los acuerdos suscritos esta semana. Aún más. Dar una solución de fondo a los problemas financieros de la Corporación representa, en la práctica, comprometer 2 mil millones de pesos del presupuesto anual de la municipalidad de Viña del Mar por los próximos diez años, sin que ello, necesariamente, tenga un impacto directo en mejorar los servicios que la institución presta a la comunidad. Por ello, las dos preguntas indispensables de responder son, ¿qué tiene previsto el municipio viñamarino para enfrentar el déficit de la Corporación? ¿Cómo garantizar que en algunos años más la misma -u otra- administración levante una nueva operación de leaseback para solucionar un problema que se profundiza frente a sus ojos?