Una estrategia en la lucha contra la droga es golpear donde más duela a los narcotraficantes: su patrimonio y las bases de sus operaciones. En esa dirección, es correcta la decisión del alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, quien dispuso la demolición de inmuebles calificados por el Ministerio Público como "caletas de narcotraficantes". Allí, los delincuentes acopian la droga, muchas veces la procesan, la entregan a los microtraficantes, tienen armamento de defensa y guardan el dinero que resulta de sus negocios ilícitos.

Así, destruyendo esos verdaderos "fortines del delito", se causa un grave daño al tráfico, sin que ello signifique una solución integral al problema. Esta medida extrema contribuye por otro lado a la recuperación de los barrios copados por las bandas criminales, dando seguridad a los vecinos y comerciantes que son una gran mayoría sitiada por una minoría agresiva y poderosa. La medida es apoyada por el alcalde de Zapallar, Gustado Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, y también por Manuel Millones, consejero regional y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core, quien recordó que las direcciones de Obras y las seremis de la Vivienda "pueden demoler cualquiera propiedad que esté en un sector regular o irregular si no cuenta con su permiso de edificación". Agrega que en Valparaíso esa facultad no se ejerce y "lo que hace Carter no es otra cosa que aplicar la ley". En el caso de una vivienda ubicada en una "toma de terreno" que se use para el tráfico, la Municipalidad puede dar orden de demolición, dañando a los delincuentes y protegiendo a los vecinos.

Reafirma la existencia de esta facultad la abogada Jeanette Bruna, especializada en urbanismo, quien alude a la facultad de los alcaldes para "desalojar y demoler".

Insistiendo en la materia de las "tomas", el concejal viñamarino René Lues afirma que las instituciones deben utilizar las facultades que la normativa legal les otorga, y denuncia que "existe una completa inacción por parte de las autoridades, partiendo por las municipales. Hay que recuperar los espacios públicos y el sentido del orden".

Recuperar los espacios públicos, esa es la tarea pendiente ante una crisis de seguridad que tiene muchos rostros y muchas víctimas, personas, bienes, actividades diversas.

Hay facultades que, de acuerdo a lo señalado, no se aplican debido a que, como afirma el mismo alcalde Carter, "cada vez que queremos hacer algo, sale el político progresista que dice 'que los derechos humanos del narcotraficante', 'que los derechos humanos del que dispara'... ¿Y los derechos humanos de las víctimas?". Esta presión inhibe a muchas autoridades e incluso a las policías a aplicar todas sus atribuciones en favor de las reales víctimas del tráfico.

La idea de conectar por tren a Santiago y las principales ciudades de la Región de Valparaíso ha constituido un anhelo para muchos por largo tiempo, considerando el importante flujo de personas que, diariamente, viajan por trabajo, estudios o vacaciones entre estas grandes urbes.

Los últimos proyectos ferroviarios conocidos tenían relación con trenes de alta velocidad que conectaban ambas regiones en poco tiempo, realizando una o dos paradas intermedias. El hecho de que el trayecto fuera más rápido les permitía competir favorablemente -dependiendo de las tarifas- con la modalidad de automóviles y buses, lo que hacía presumir que esta opción se llevaría las preferencias e incluso incentivaría su demanda.

La iniciativa actual, si bien no contempla servicios expresos, genera interés porque ayuda a la conectividad, pero también abre oportunidades relevantes: la habitacional, tomando en cuenta que, a lo largo del trazado del tren o alrededor de sus estaciones, se podrían generar polos atractivos para la construcción de viviendas.

El servicio entre la capital y la Región de Valparaíso surge como un tren de acercamiento a ambas urbes, lo que permitiría un mayor impulso económico y social de las comunas intermedias como Batuco, Tiltil, Llay-Llay, La Calera y Limache. Esto ocurriría, en especial, agregando suelo para el desarrollo comercial y habitacional que requieren estas regiones. Esto podría ayudar a resolver, al menos en parte, el déficit habitacional existente en Santiago y en la Región de Valparaíso que llega a 315.641 viviendas y a otras 70.510, respectivamente, según cifras oficiales. Y estas cifras aumentarán exponencialmente en las próximas décadas, dada la migración y a que nuevas familias buscan tener su propio hogar.

Conociendo lo ocurrido en las últimas décadas en materia habitacional en Chile, la experiencia nos indica que, pese a las oportunidades que se avizoran, se deben planificar adecuadamente las ciudades intermedias para no producir más segregación -atrayendo a estas mayoritariamente viviendas sociales-, dado el menor costo del suelo en estas zonas.

La experiencia acumulada indica que la vivienda social se ha ido alejando de los centros de las ciudades buscando terrenos de valor más bajo, constituyendo finalmente núcleos con altos niveles de segregación, difícil acceso a servicios y menores oportunidades para sus habitantes.

Para evaluar con mayor precisión qué beneficios traerá la iniciativa en diversos ámbitos, es importante conocer los estudios técnicos, económicos y de demanda que sustentan el proyecto.