Esta semana se cumplieron dos hitos en el ámbito de la minería que tienen un impacto real, concreto y definitivo en la Región de Valparaíso. Pese a que se ubica entre las cinco o seis industrias que hacen mayor aporte al PIB regional -miles de millones de pesos anuales-, con dos faenas extractivas de gran envergadura (El Soldado, de Anglo American, y Andina, de Codelco), varios piques de mediano calibre y una multitud de obras pirquineras que constituyen una poderosa fuerza laboral, la actividad minera se conoce poco y mal en la zona. Su mayor visibilidad suele estar asociada a las controversias que provocan sus proyectos y las consecuencias medioambientales de sus faenas.

La implementación del royalty recién aprobado por el Congreso, que contempla una inédita redistribución del impuesto, con la entrega de unos $ 35 mil millones en la Región de Valparaíso, podría ayudar a cambiar esta resistencia a la actividad. En la práctica, este aporte anual incrementará los presupuestos del Gobierno Regional y 34 de las comunas con menores recursos. Visto así, se trata de un inédito impulso descentralizador y, al mismo tiempo, de un desafío mayor para las autoridades locales, que deberán establecer mecanismos de control de gestión y transparencia sobre el uso de estos fondos. El gobernador Rodrigo Mundaca y los cores, en este sentido, deberán construir una cartera de proyectos con orientación común o, también, apostar por una gran idea de largo plazo, para evitar que el pirquineo de votos entre los consejeros termine desmenuzando el aporte minero en iniciativas de bajo impacto.

El segundo hito es la aprobación de Sernageomin al cierre de la fundición de cobre que tiene Codelco en la localidad de Ventanas. El apagado de los hornos tras 58 años de trabajo continuo reducirá significativamente las emisiones de arsénico, anhídrido sulfuroso y material particulado, liberando significativamente a la llamada zona de sacrificio en Puchuncaví de su carga medioambiental.

Que dos hechos vinculados a una sola actividad económica se produzcan en tan corto tiempo no es común y abren una oportunidad para la revalorización de la actividad minera en una región que suele verla con desconfianza y temor.

El pasado fin de semana, durante una entrevista con un periódico de la capital, uno de los consejeros constituyentes vencedores en las elecciones del 7 de mayo planteó la siguiente pregunta: "¿Por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a un acuerdo con la minoría?". Aunque rectificó rápidamente en redes sociales, esta afirmación despertó preocupación y revivió los fantasmas de la convención anterior, llevando a varios a cuestionar si realmente aprendimos de los errores del primer proceso constitucional.

En este escenario, los consejeros y, especialmente, aquellos que forman parte de la mayoría vencedora, se enfrentan a lo menos a cuatro desafíos cruciales. Primero, deben manejar su victoria con prudencia. El hecho de que su sector o partido haya ganado de forma contundente no garantiza un resultado positivo en el plebiscito de salida del 17 de diciembre, tal como ocurrió en la convención pasada. Si continúan con la lógica amigo/enemigo, podrían estar cavando su propia tumba.

El segundo desafío es comprender y diagnosticar adecuadamente el problema constitucional de Chile. Este problema no se reduce simplemente a un conjunto de normas constitucionales que generan división entre los ciudadanos, sino que es mucho más complejo. Como señaló el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto, en un diálogo con la Fundación Piensa, el problema constitucional es un desafío político de convivencia. La Constitución que lleva la firma del expresidente Lagos está deteriorada en términos de legitimidad, lo que ha generado divisiones en la sociedad. Por esta razón, se ha llegado al consenso de que la nueva Constitución debe ser unificadora y representar también a ese casi 65% que no votó por el Partido Republicano.

El tercer desafío es resistir la tentación de llevar al Consejo Constitucional todas las propuestas, ideas e intereses de los consejeros. No deben convertir la nueva Constitución en un programa de gobierno en el que se introduzcan temas de política pública que deberían ser regulados en ámbitos infra constitucionales.

El último desafío consiste en establecer una conexión más sólida con la ciudadanía y la tradición constitucional chilena. Por ejemplo, la aprobación de una norma que imponga el sistema de listas cerradas en las elecciones parlamentarias podría generar un rechazo considerable entre la población. Aunque esta idea pueda tener aspectos positivos, es difícil convencer a los chilenos de que deben votar por una lista de un partido determinado en lugar de un candidato específico. Si no se aborda adecuadamente esta cuestión, podría llevar al fracaso del proceso constitucional por segunda vez.

Por alguna razón, Chile se ha enamorado de la respuesta constitucional. Por lo tanto, es crucial cerrar este proceso de manera adecuada. No podemos estar permanentemente discutiendo las reglas básicas de convivencia política y redactando una y otra vez los derechos fundamentales que se nos garantizarán. Es necesario avanzar para que la clase política se dedique finalmente a resolver los problemas cotidianos y relevantes que afectan a la ciudadanía.