Las investigaciones periodísticas que dan cuenta de plagios o copias parciales en los informes legislativos contratados por parlamentarios con recursos del Congreso, generaron diversas reacciones entre los legisladores que aparecen involucrados.

En el caso de la Cámara, el reportaje realizado por Ciper, tras el análisis de cerca de mil informes que los diputados encargaron a sus asesores externos, al menos un tercio de ellos pagaron trabajos que presentaban algún grado de "copy paste", dando cuenta de la escasa regulación que tiene este tipo de labores.

A nivel regional aparecen mencionados cinco parlamentarios, entre los que resaltan Andrea Molina (UDI), con cuatro informes encargados en 2016, realizados por su abogada Francisca Navarro, cada uno de ellos por un monto de $ 1.471.278, cuyo nivel de plagio es parcial y están consignados como "asesorías externas".

Otro de los cuestionados es el diputado Marco Antonio Núñez (PPD), con dos informes del año 2014 proporcionados por la ONG "Desarrollo Salud" 2020, por los cuales pagó casi $ 8 millones.

También aparecen en el listado los diputados Aldo Cornejo (DC), por un reporte realizado en 2016 por Alberto Muñoz Báez, con un nivel de plagio "parcial", con un costo de casi 3 millones y medio de pesos.

El diputado Christian Urízar (PS), en el año 2014, pagó $ 3 millones por un informe realizado por Francisco Molina Díaz, actual funcionario de la Seremi de Bienes Nacionales, para una asesoría en APR, cuyo contenido es un plagio parcial, mientras que la diputada UDI, María José Hoffmann, canceló el año pasado $ 1.800.000 a la Fundación Jaime Guzmán, por un informe sobre la Reforma Educacional, cuyo contenido aparece con un plagio parcial.

En el caso de la diputada Molina, Ciper identificó que su asesora le entregó como insumo textos copiados de otros parlamentarios, los que fueron usados durante sus intervenciones y discursos en el hemiciclo.

Molina dijo haberle pedido explicaciones a su asesora y analiza la continuidad de su relación laboral, puesto que "uno se ve envuelto en una situación en la que no tendría por qué estar. Hay que corregir esta situación lo mejor posible y que no vuelva a pasar nunca más".

Ante el revuelo causado, añadió que "el problema de fondo en que ella incurre es que no se cita la fuente, debió haberlo hecho en caso de ocupar párrafos de alguien que anteriormente lo había planteado, pero son informes que tienen más de cuarenta páginas", junto con precisar que "hemos presentado más de 140 proyectos de ley y ninguno tiene copy paste, ni tienen que ver con triangulaciones ni con empresas".

Respecto a que Fiscalía indague estos hechos, recalcó que "si hay antecedentes que lo ameriten, que se haga, estamos poniendo toda la información para que haya absoluta transparencia, si ha habido algún error o hecho irregular se tiene que investigar y corregir. Si se dispone devolver esos dineros se hará. Lamento la situación porque uno queda como delincuente y yo no soy delincuente".

Ante el complejo escenario que enfrenta la Cámara, el diputado Aldo Cornejo (DC) sostiene que se debe a distintos factores y que se debieron adoptar algunas medidas correctivas con anterioridad. "No es posible que la Cámara no tenga un programa informático para detectar posibles copias o plagios y evitar que estas situaciones se produzcan". También acusó la "falta de rigor intelectual de quien uno le contrata un informe, no hay ningún inconveniente de que, parcialmente, un informe puede tener citas textuales de otros estudios, libros, etc., en la medida en que se señale expresamente a quien corresponden y que estén dentro de un contexto", sentenció.

Cornejo fue más allá. "Soy partidario de terminar con las asesorías externas. Cuando fui presidente de la Cámara lo propuse y no tuve resultado porque los parlamentarios no tienen ninguna posibilidad, salvo casos excepcionales, de poder pesquisar que un párrafo o página corresponden a algo que se ha hecho con anterioridad".

Respecto al informe que se le cuestiona, el diputado dijo que solicitó a su asesor que precise cuál es la fuente y porqué razón se incluyó dicho párrafo en el informe y "lo haremos llegar por escrito a la Cámara. Entiendo que sólo corresponde a una parte del informe, pero no tengo ninguna duda que el informe es veraz y que cumplió con el objetivo para el cual fue solicitado".

Sobre las indagaciones que hará Fiscalía, Cornejo aseveró que "no hay ninguna autoridad en Chile que está por sobre la ley, de manera que no tengo ningún inconveniente que se investigue lo que sea necesario. Al menos creo que ningún parlamentario debiera tener alguna dificultad para eso".

El diputado Christian Urízar (PC), quien aparece con un informe del año 2014, descartó en primer lugar tener algún tipo de vínculo contractual con el Instituto Igualdad, fundación ligada al Partido Socialista y que es utilizada para la confección de informes a parlamentarios de dicha tienda. "Mis informes están principalmente ligados a materias de fiscalización, hago muchas fiscalizaciones y trabajo de fiscalización, para eso necesito que me puedan generar mucho sustento teórico y de distintos ámbitos. Tengo asesorías privadas y las ocupo más allá de lo que pudiera permitirse un asesor, porque les saco el jugo, eso lo estoy haciendo durante todo este año, tengo quien me asesora en los distintos temas, particularmente en denuncias de contaminación, y en eso ocupa las asesorías".

Urízar se mostró llano a cualquier tipo de auditoría interna, ya que "hemos hecho una cantidad enorme de trabajos, y es muy difícil que tengamos asesorías de copy paste, porque lo que hacemos es generar los informes que dan los oficios de fiscalización, que generan además respuesta de los ministerios. Tengo absoluta claridad de que ocupo los recursos de la mejor forma posible".

En relación a la asesoría cuestionada del año 2014, el representante del Distrito 10 reconoce que "hay que ser más acucioso, pero más que de este tema puntual, en mis tres años y medio de parlamentario tengo cerca de 350 oficios de fiscalización a distintos organismos, y la asesoría me da la base de sustento teórico para poder presentarlos. Si alguno es copia, tendré que ser más acucioso porque son de distintos ámbitos, pero se necesita de alguien que lo asesore para tener oficios bien redactados. Me siento muy conforme con las asesorías que me han prestado, creo que, en mi caso, los recursos del Estado están bien ocupados.

Respecto a las indagatorias que hará Fiscalía, Urízar considera que "me parece bien que se indague y revise. Hago mucho terreno y la gente siempre me dice dónde están los fiscales cuando existen robos o portonazos, la Fiscalía está ensimismada en los temas de la política, hay tan pocos fiscales, me gustaría saber cuál es el rendimiento al final de todas estas indagaciones donde gastan tiempo y muchos recursos del Estado y no llegan a nada. Hay un montón de gente que espera que los casos que los afectan tengan, de una vez por todas, solución".

La senadora Lily Pérez (Amplitud) se ha caracterizado por buscar transparentar todas las actuaciones de los parlamentarios. Así como se mostró a favor del examen de pelo para detectar el uso de drogas entre los legisladores, se mostró en contra de la "defensa corporativa" del Senado, para impedir indagatorias ante eventuales irregularidades en el pago de asesorías externas, ante la solicitud de Fiscalía de los antecedentes de todos los contratos por este concepto desde 2011 a 2016.

"Entiendo que los senadores sientan que la Fiscalía estaría pensando en eventuales delitos, creo que está dentro de sus competencias investigar todo, así que no comparto eso", en relación a cerrar filas sobre este tema.

Respecto a los parlamentarios que se les detectó asesoría de "copy paste, el mensaje fue claro: "Que devuelvan la plata, eso es lo correcto, de hecho hay parlamentarios de nuestra región que están involucrados. Me da lo mismo quienes sean, pero que devuelvan la plata".

"Si ha habido algún error o hecho irregular, se tiene que investigar y corregir. Si se dispone devolver esos dineros, se hará. Lamento la situación, porque uno queda como delincuente"

Andrea Molina Diputada UDI"

"La Fiscalía está ensimismada en los temas de la política, hay tan pocos fiscales, me gustaría saber cuál es el rendimiento al final de todas estas indagaciones donde gastan tiempo y recursos del Estado"

Christian Urízar Diputado del PS"

$ 2,4 millones es el monto mensual de la asignación que recibe cada diputado para costear informes que encargan a asesores externos, que no son parte de su equipo permanente.

$ 3.500 millones alcanzó el presupuesto entre los años 2015 y 2016 por concepto de asesorías externas, periodo en el cual se entregaron cerca de 3.500 informes.

40 diputados aparecen en el listado que arrojó la investigación periodística de Ciper, al pagar por informes que presentan fuentes no citadas o son copias de pasajes textuales sacados de internet.