Hace pocas semanas, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) lanzó el informe "Ciencias, tecnologías e innovación para un nuevo pacto de desarrollo sostenible e inclusivo", que critica la falta de continuidad que ha existido en la estrategia nacional de innovación. Esto, llevó al Consejo a pensar en medidas que lograsen un consenso político y técnico, para asegurar que sus propuestas se implementen y perduren en el tiempo.
A primera vista, puede llamar la atención que, entre la lista de medidas para dar "un nuevo impulso" a la innovación, se proponga un impuesto y, más aún, que se diga que hay consenso detrás de la idea. La verdad es que este "impuesto" no es un impuesto tal como estamos acostumbrados: el dinero recaudado se invertiría directamente en proyectos seleccionados por las empresas, y que beneficiarían directamente a su sector. De hecho, durante la elaboración de este informe, las ideas se discutieron con todos los actores relevantes, y esta propuesta tuvo una buena acogida por parte de líderes empresariales.
Baja inversión en i+d
Ahora, pese a los esfuerzos de las últimas décadas, Chile sigue siendo el país de la OCDE con una menor inversión en Investigación y Desarrollo (I+D). Y la evidencia empírica muestra que la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) es un determinante importante de la productividad, estancada en Chile desde aproximadamente el año 2000.
Hay razones económicas que explican por qué, pese a sus beneficios, las empresas invierten menos de lo que sería socialmente óptimo en I+D+i. La más importante es que en muchos casos es difícil "capturar" los beneficios entregados por el nuevo conocimiento, una vez que éste es desarrollado: si una idea es fácilmente imitable, se reducen los incentivos para desarrollarla, ya que otros podrán copiarla sin incurrir en los costos necesarios para desarrollarla (existen "externalidades positivas"). Esto justifica la existencia de las patentes de invención, los subsidios de InnovaChile, y el incentivo tributario a la inversión en I+D.
El "impuesto"
¿Por qué entonces un impuesto? Los instrumentos existentes son efectivos en promocionar cierto tipo de inversiones, pero no todas. En particular, estos incentivos no son efectivos cuando un proyecto es demasiado costoso para que una empresa lo desarrolle por sí sola, o cuando los beneficios que capturaría esta empresa serían bajos en relación al beneficio que podrían obtener también sus competidores. La idea de las juntas de inversión para I+D+i sectorial es fomentar el que las empresas colaboren en resolver desafíos colectivos.
Lo interesante es que lo recaudado por este "impuesto" no va a las arcas fiscales, sino que se destina directamente a una junta de inversión, administrada por las mismas empresas, que desarrollan actividades que benefician a un sector en su conjunto como, por ejemplo, sistemas de detección de plagas para la agricultura o tecnologías para el uso eficiente del agua en minería. La propuesta del CNID es que sólo las empresas grandes de un sector tengan que contribuir, pero que todas las empresas se vean beneficiadas por estos proyectos. En cada sector pueden existir varias juntas de inversión, que compitan entre ellas por los recursos aportados por las empresas.
Este impuesto fue propuesto originalmente por Paul Romer, actual Economista Jefe del Banco Mundial. Su idea es combinar la capacidad del mercado y los privados para seleccionar las mejores oportunidades de inversión, con la capacidad del Estado de asegurar que las empresas contribuyan, y así evitar los "free riders" o "polizones", empresas que decidan no invertir, sabiendo que de todas formas obtendrán los beneficios gracias a la inversión de otros.
Posibles beneficios
Existen una serie de temas normativos y de diseño que deben discutirse, pero en principio, la propuesta es interesante y tiene un gran potencial. Si se invirtiera el 0,1% de las ventas de las empresas que facturan más de 100.000 UF anuales, la inversión total en I+D aumentaría en más de un 70%.
Además de estimular la inversión en I+D, la propuesta es especialmente interesante para Chile: primero, porque gran parte de nuestra economía depende de los recursos naturales, y el cambio climático está generando nuevos desafíos que deben abordarse de manera conjunta; segundo, porque fomenta la colaboración, fundamental para la investigación e innovación, pero que, en Chile, debido a los bajos niveles de confianza, es muy baja.