"Al segundo o tercer día en el cargo yo ya estaba explorando una posibilidad de poder renunciar"
Javier Valenzuela
Exseremi del Trabajo
"No hay ningún muro entre Bolivia y el océano Pacífico (…) Bolivia no está encarcelada"
Claudio Grossman
Agente chileno ante La Haya
Un apoyo político transversal ha logrado la lógica inquietud de los alcaldes de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, permanentemente castigadas por la contaminación, al punto de ser declaradas zonas saturadas latentes por material particulado.
La inquietud de los jefes comunales es justificada, ya que se encuentra pendiente el Plan de Descontaminación, aprobado por el Gobierno anterior, pero paralizado por la Contraloría, pues, afirma ese organismo, "no se ajusta a derecho".
El plan deberá ser reformulado de acuerdo a las observaciones del organismo contralor, tarea urgente que será planteada a Marcela Cubillos, nueva titular de Medio Ambiente, por las autoridades de las comunas afectadas.
La posición de los jefes comunales es apoyada por parlamentarios regionales, acogiendo así una realidad que se arrastra en el tiempo y que exige rápida atención, pues la contaminación, pese a medidas aplicadas en el área, es latente y está vinculada a la operación de 20 industria que, de un modo o de otro, generan el problema.
La zona más afectada corresponde a Quintero y Puchuncaví, donde hay daño a flora y fauna, marina y terrestre, y también a las personas.
La situación de Concón, no siendo tan grave, inquieta al alcalde Óscar Sumonte, pues se intenta sumar a la antigua refinería una termoeléctrica que eventualmente podría tener efectos negativos, considerando además el importante crecimiento poblacional de esa comuna y sus actividades, esencialmente turismo.
En este escenario que cubre tres comunas y un amplio territorio, la puesta en marcha de un plan de descontaminación que se mantenga en el tiempo es fundamental para erradicar el material particulado y también para avanzar paralelamente en compensaciones por el daño ya causado, daño en algunos casos irreparable cuando ha tocado la vida humana.
Un punto que inquieta a Concón refiere al campo dunar, santuario de la naturaleza que exige un plan de manejo para su preservación frenando así el deterioro que acusa en la actualidad.
En lo inmediato, como lo piden autoridades comunales y parlamentarios, hay que reactivar el Plan de Descontaminación, acogiendo las observaciones de la Contraloría.
Sin embargo, el tema no se agota en la reactivación de un instrumento puntual, es necesario, como lo plantea la diputada Camila Flores (RN), un trabajo integrado que incluya a las autoridades comunales, regionales y de nivel nacional, tarea que se proyecte en el tiempo.
Y esa tarea supone asumir que llegarán al área nuevos emprendimientos en turismo, vivienda o industria que, en diversa escala, impactarán en el medioambiente, pero que con normas claras, de anticipación, pueden ser minimizados.
Aristóteles -en el siglo IV A.C.- sostenía que "el hombre es por naturaleza un animal político y, por lo tanto, los hombres tienden a la convivencia, si bien es verdad que también los une la utilidad común, en la medida en que a cada uno corresponde una parte del bienestar". Y añadía más adelante que una ciudad "es una comunidad de casas y de familias con el fin de vivir bien, de conseguir una vida perfecta y suficiente" ("Política", L. III, 6 y 9).
Nuestra Constitución Política es la única que señala que la finalidad del Estado es promover el bien común, para lo cual "debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible…" (Art. 1°).
La Política puede definirse como "la actividad de las personas y los grupos organizados que participan directamente en la vida pública". A propósito de esto, es útil recordar que Aristóteles distinguía entre los ciudadanos que se interesaban en la cosa pública -a quienes calificaba de "políticos"- y quienes no se interesaban en ella, a quienes denominaba "idióticos".
Ahora bien, si los partidos políticos son personas jurídicas formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política y cuya finalidad es contribuir al buen funcionamiento del régimen democrático, influyendo en la conducción del Estado para alcanzar el bien común (Art. 1° Ley 18.603), no cabe duda que el logro de éste tiene primacía sobre cualquier otro objetivo estratégico que pudieran apetecer, como sería la idea ciega de propinar una derrota al adversario político, sea en una elección o en una consulta plebiscitaria. El triunfo del "Brexit" en el Reino Unido es un buen ejemplo de la catástrofe como resultado de ganar una batalla política con olvido del bien común.
Tampoco es una aspiración correcta procurar el fracaso del gobierno de turno con la mira de recuperar el poder en la elección siguiente: tal aspiración contradice el bien común.
También la actuación de los partidos democráticos está regida por la ética pública, la que impide faltar al compromiso contraído con el adversario o bien negarle al Congreso el quórum necesario para aprobar una ley que beneficia al pueblo a pretexto de no haber tenido su patrocinio.
No existe una conducta más reñida con el bien común que "negarle al gobierno la sal y el agua", como ocurrió con la oposición de la UP a partir de 1964, con el resultado nefasto de ese período, que contribuyó al colapso de 1973.
En resumen, cada partido o coalición de partidos tiene pleno derecho a la conquista del poder y a la realización de su ideario en el curso de la vida nacional; pero siempre, el norte y la intención de sus iniciativas deben permanecer orientados por el logro del bien común que es, en definitiva, la finalidad de la sana política y lo que justifica y prestigia esta noble actividad.
Dr. Lautaro Ríos Álvarez
Profesor Emérito de la Universidad de Valparaíso
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