Matías Jullian Velásquez

La comisión de Constitución del Senado declaró ayer inconstitucional el proyecto Aula Segura que impulsa el Gobierno, el que a su vez anunció que seguirá adelante con la iniciativa que faculta a los directores de colegios a expulsar de manera inmediata a los estudiantes que sean sorprendidos cometiendo hechos de violencia al interior de los establecimientos.

Según explicaron los miembros de la instancia, tras escuchar a cuatro abogados constitucionalistas, la iniciativa que reduce de 25 a cinco días el plazo para que se tramite la expulsión, no cumple con el debido proceso, ya que no permite al alumno defenderse.

Sin embargo, debido a que este informe no es vinculante (solo fue solicitado por la senadora Yasna Provoste (DC), presidenta de la comisión de Educación, que será la instancia encargada de revisar el proyecto en su fondo), el Gobierno decidió que insistirá en él e incluso se descartó renovar la suma urgencia que vence hoy, por lo que lo debería quedar despachado en la presente jornada.

"Cómo va a ser inconstitucional expulsar a un alumno que lanza una molotov al interior del colegio o rocía con bencina a un profesor", dijo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, al retirarse de la sesión de la comisión donde se le informó de la decisión.

A juicio de la secretaria de Estado, el informe es solo un "pronunciamiento de un grupo de senadores, una comisión de Constitución en la que tres senadores -de oposición- han dicho una cosa y dos -oficialistas- tienen una opinión distinta; por lo tanto, es un antecedente que tienen que tener todos los parlamentarios, (pero) cualquier parlamentario puede siempre hacer una reserva de constitucionalidad, votar en contra y para mí lo importante, como Ejecutivo, es que este proyecto se empiece a tramitar". La ministra explicó que "todo puede ser objeto de discusión" y se le presentarán modificaciones al texto, aunque no se modificará el fondo.

En la misma línea, en medio de su gira por Europa, el Presidente Sebastián Piñera expresó su rechazo a la determinación de la comisión del Senado. A través de Twitter, el Mandatario señaló que "no vamos a permitir ni dejar en la impunidad a delincuentes disfrazados de estudiantes que destruyen sus propios colegios (...) Necesitamos e impulsaremos con urgencia Ley Aula Segura".

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, agregó que el "Gobierno siempre resguardará el derecho a la educación de quienes son víctimas de actos de violencia" y que la medida "protege a alumnos y profesores".

El lunes en la noche falleció en el Hospital de Carabineros el detective que aclaró el asesinato del ex senador de la UDI y fundador de ese partido, Jaime Guzmán, y tuvo un rol fundamental en el desmantelamiento de grupos subversivos en los años '90. Se trata de Jorge Barraza, quien en 1992 descubrió a un grupo de miembros del Frente Manuel Rodríguez que había participado en el crimen ocurrido un año antes y los grabó en un camping de Colliguay. De acuerdo a La Segunda, cuando estaba listo para detenerlos, recibió órdenes de no llevar a cabo el procedimiento por parte del alto mando de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, pasó a la historia como el policía que aclaró la muerte de Guzmán. Cabe recordar que Barraza también tuvo vínculos con la CNI. De hecho, en el proceso contra el Comando Conjunto se detectó que había participado en un falso enfrentamiento ocurrido en noviembre de 1980 donde murieron dos integrantes del MIR.

Defensa de chilenos juzgados en Malasia se muestra optimista

La defensa de los dos chilenos acusados de asesinato en Malasia se mostró optimista ayer, tras la declaración de una toxicóloga en el tribunal de Kuala Lumpur. Fernando Candia (30) y Felipe Osiadacz (27) están acusados de asesinar a un malasio en un hotel de Kuala Lumpur, pero ellos se declaran inocentes y alegan que actuaron en defensa propia. En su segundo día de comparecencia, la toxicóloga afirmó que la cantidad de alcohol, metanfetamina y anfetamina en la víctima provoca normalmente rabia, agresividad y alucinaciones e incluso puede causar la muerte por sobredosis. La defensa pidió a la Fiscalía que modifique el cargo de asesinato, argumentando que no se sostiene por las pruebas ni los testimonios. El juez Mohd Nazlan Mohd Ghazali fijó la siguiente audiencia para el 24 de octubre. La Fiscalía ofreció rebajar el cargo de asesinato a "homicidio culposo" y seis años de cárcel si se declaraban culpables, lo que fue rechazado.

El presidente de la DC, Fuad Chahín, descartó ayer que su partido vaya a sumarse a Convergencia Progresista, el nuevo bloque formado por el PS, el PPD y el PR, e incluso emitió críticas a esa alianza. "Nosotros creemos que el diálogo entre fuerzas políticas afines siempre es positivo y nosotros hemos participado de diversas instancias de diálogo, y lo continuaremos haciendo, pero creemos que solo cambiar un nombre, solo un eslogan no es la respuesta que los chilenos quieren de la política", opinó el timonel de la DC, quien agregó que "el camino para la convergencia es, a nuestro juicio, un poco más largo".

El ministro de Salud, Emilio Santelices, confirmó ayer que el Gobierno se vio obligado a retirar de la Contraloría el reglamento de objeción de conciencia en materia de aborto en tres causales que había ingresado a fines de junio al organismo fiscalizador.

Según explicó el secretario de Estado a La Tercera PM, esto se debió a observaciones formales que el Ministerio está buscando solucionar a la brevedad.

"Contraloría hace algunas observaciones, en este caso con algo muy particular, muy de forma, que tiene que ver con precisar que unas fechas y unas constataciones de registro de médicos objetores se consideran o no se consideran como datos sensibles", dijo el titular del Minsal.

"Nos pidieron esa aclaración, nosotros la estamos redactando y la próxima semana reingresa a la Contraloría y con esto el tema; de parte nuestro, estaría ya resuelto", añadió el ministro Santelices.

A las dos semanas de haber asumido su cargo como ministro de Salud, Santelices retiró el protocolo que dejó el Gobierno de Michelle Bachelet y lo cambió por otro que permitía la objeción de conciencia institucional, el que finalmente la Contraloría determinó que era ilegal. A raíz de esto, el 29 de junio el Ejecutivo presentó este nuevo el reglamento, pero ahora lo tuvo que retirar por nuevas observaciones de la Contraloría.

El abogado Gabriel Osorio, quien encabezó el requerimiento del PS sobre esta materia ante el organismo fiscalizador, sostuvo al mismo medio que "me parece que transcurrido más de un año desde la entrada en vigencia de la publicación de la ley, que el Gobierno no haya sido capaz de cumplir lo establecido por la Contraloría es impresentable. Son los ministros de Salud y de la Segpres quienes deben darles explicaciones a las mujeres de este país".

"Todavía no existe un reglamento que regule la objeción de conciencia institucional (...) Al parecer se busca no dictar un reglamento de modo tal que las instituciones puedan seguir aplicando el anterior", agregó.

Por su parte, el senador PS Rabindranath Quinteros, integrante de la comisión de Salud de la Cámara Alta, consideró insólito que el Minsal haya tenido que retirar el reglamento por problemas de forma pues sostuvo que "las mujeres y la sociedad no pueden seguir esperando".