Pamela Boltei

Este miércoles, en la mañana, los cuatro ediles de la Nueva Mayoría (NM), Laura Giannici (DC), Sandro Puebla (Ind. pro PS), Víctor Andaur (PC) y Marcela Varas (PPD) presentaron ante el Tribunal Electoral Regional (TER) la acusación por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa que se anunció a fines de enero pasado (ver nota de página 3).

El documento, que consta de 96 páginas en su argumentación, contiene cuatro cargos desgranados en 32 impugnaciones de irregularidades, además de 74 documentos de anexos, distribuidos en cinco tomos. Se basa principalmente en lo descrito por el último informe de auditoría emanado desde la Contraloría Regional de Valparaíso y lo ocurrido en un caso similar al exalcalde de La Pintana, Jaime Pavez, además de diversa documentación recogida por los ediles.

Los 74 anexos constan de varios informes de Contraloría, anteriores al de este año; actas del Concejo Municipal, diversas investigaciones periodísticas sobre situaciones ocurridas en Viña del Mar durante los últimos años; copias de los últimos presupuestos municipales; las últimas cuentas públicas; oficios internos del municipio; sentencias anteriores similares, como la de Jaime Pavez; planillas de pago de horas extra y de honorarios; entre otras cosas, todos documentos que datan al menos desde 2011 en adelante.

En detalle, el primer cargo de la acusación de los cuatro concejales es el siguiente: "La alcaldesa ha mantenido y mantiene por años a la Municipalidad en permanente estado de déficit financiero a pesar de los altos ingresos que el municipio recibe y que deberían destinarse a inversiones u obras en beneficio de la comunidad pero no a mayores gastos administrativos, honorarios, horas extraordinarias, como se ha acreditado en una reciente auditoría de la Contraloría General de la República. Esta situación de déficit financiero ha provocado severos perjuicios patrimoniales al municipio y ha afectado considerablemente los servicios que el municipio debe prestar a la comunidad".

En torno a este primer cargo, el documento patrocinado por el abogado PS y exprecandidato a alcalde por Viña, Andrés Silva, basa sus argumentos en la reducción del uso de fondos municipales para obras públicas en la comuna; los aportes del casino versus la inversión de la ciudad, punto en el que se señala que "desde su inicio en la década del 30 estaban destinados a realizar obras de adelanto y desarrollo para la ciudad, sin embargo en los últimos años de la administración de la alcaldesa Reginato sólo una mínima parte de ellos se destina a esos objetivos, ya que en su gran mayoría se destinan a absorber gasto corriente del municipio", ejemplificándose, a través de un recuadro, que pese a recibir en 2017 M$ 25.671.000 por este concepto, sólo se invirtió en la ciudad un 5,6% de ello, cifra que en años anteriores -particularmente en 2012- llegó a alcanzar un 24%.

El texto también hace una comparación de los gastos de presupuestos municipales destinados a personal entre los municipios de Viña del Mar, Las Condes, Vitacura, Providencia y Valparaíso, y destaca que en el caso de la comuna viñamarina "el gasto en personal aumentó desde el 2010 a la fecha en un 106%", y que entre las cinco comunas mencionadas Viña del Mar era la que, porcentualmente, más gastaba en ese ítem, con un 32%, versus un 9% de Las Condes; un 26% de Providencia; un 20% de Vitacura y un 23% de Valparaíso.

Asimismo, se detallan los gastos en horas extra y pagos a trabajadores a honorarios y se menciona que "en 2018 el 49% de las personas contratadas a honorarios, es decir 517, no tenían título profesional y/o técnico, de los cuales a su vez 73 ni siquiera habían terminado su enseñanza media".

"Los montos destinados a pagar trabajos extraordinarios han aumentado en un 105% desde el 2010 donde se pagaban M$ 2.703.000, llegando el 2017 a M$ 5.541.000 e incluso en el año que la Contraloría hizo la gran detección de la falta de control sobre estos pagos, que fue el 2015, la alcaldesa dispuso que para el año siguiente estos pagos se aumentaran en un 15,4% sin perfeccionar ni mejorar los sistemas de control", se lee en el escrito.

Otro de los puntos relacionados con el primer cargo dice relación con que "se ha bajado el número de proyectos de inversión en el municipio pero se han inflado los ingresos, mediante proyecciones falsas", dice Silva. También menciona que "existe un déficit oculto en la Corporación Municipal que arrojó una auditoría externa contratada por la misma corporación. Hay deudas en cotizaciones previsionales, están atrasadas y, por ejemplo, en diciembre de 2018 había una deuda de $ 450 millones a los trabajadores".

El segundo cargo que se acusa es que "la alcaldesa ha realizado y sigue realizando una gran cantidad de maniobras para mentir y ocultar, por años, la real situación financiera del municipio, llegando incluso a la adulteración de los estados contables, entregar información falsa en sus cuentas públicas y una serie de otras actuaciones que han generado graves perjuicios al patrimonio de la Municipalidad y a la actividad municipal destinada a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad local".

Esto, asegura Andrés Silva, tiene que ver con la omisión del déficit en el documento de las últimas cuentas públicas en el que, a su vez, asegura que se omitieron juicios importantes como el con Besalco, en el que la indemnización que se solicitaba inicialmente era sobre los $12 mil millones -finalmente la Corte dictaminó el pago de $460 millones por parte del municipio a la empresa-, el juicio ejecutoriado con Corfo por la estafa de Inverlink, que significa el pago de casi $ 2 mil millones, lo que se hará en cuotas; y el de demarcación de una parte del parque costero de Las Salinas con la Sucesión Vergara, que tiene hoy a la ciudad en vilo respecto a qué pasará con ese lugar.

En este sentido se hace la comparación con la destitución del exalcalde y concejal de La Pintana, Jaime Pavez, pues según Silva en tal caso se omitió un juicio, algo mucho menor a lo que estaría sucediendo en Viña del Mar.

También se afirma en el documento que las conclusiones de la Contraloría de 2015 no fueron informadas en las cuentas públicas, incumpliendo lo que dicta la Ley Orgánica de Municipalidades, lo que "era una maniobra política", dice Silva. "Todas las infracciones contables, las negativas a auditorías externas del municipio, el no registrar las facturas, las modificaciones presupuestarias a propósito. Además, en el caso del Teatro municipal en 2015 se pasaron $ 5 mil millones, pero esas platas se utilizaron contablemente por el municipio para camuflar el déficit", expuso.

De la misma forma, complementa el abogado, "la alcaldesa no ha querido nombrar a un director titular de Administración y Finanzas desde el año 2009 y ahí el informe del Departamento de Control N°231 es clave. La misma demora en nombrar a un director de Control y las varias subrogancias en la Secpla hacen ver que quieren manejar todo desde el gabinete".

En este segundo punto el documento también dice que concesiones importantes como las del Festival de Viña y del rodoviario serían parte de una maniobra de ocultamiento, pues "no les importa mejorar las condiciones del Festival o del rodoviario, sino sólo el pago por adelantado", dijo Silva.

Finalmente en este punto el profesional indicó que "en 2014 se hizo un leaseback de la casa consistorial que fue para pagar deudas, pero cuyos intereses son de $ 1.000 millones, que se estarán pagando hasta el 2024. Ahora se vuelve a pedir un leaseback que fracasó y dicen que es para invertir en la ciudad, pero la verdad es que es para pagar el déficit, el que también se está pagando con menores obras este año y menor inversión en salud".

El tercer cargo contra Reginato es: "La alcaldesa, por la vía de acciones y omisiones, ha permitido que funcionarios subalternos y terceros ajenos al municipio realicen una gran cantidad de acciones irregulares, que han y siguen afectado, reiterada y considerablemente el patrimonio y la función municipal. Asimismo, una vez constatadas este tipo de irregularidades, la alcaldesa no adopta ninguna medida destinada a perseguir las responsabilidades administrativas, civiles o penales que corresponden para resguardar el patrimonio municipal".

En este caso, Silva alega que "la alcaldesa dejó de cumplir su rol, que es dirigir y supervigilar a la municipalidad, porque permite que terceros perjudiquen al municipio, por ejemplo, con el pago excesivo y no justificado de horas extraordinarias. Desde 2015 no hay sumarios administrativos, ni sanciones ni el reintegro de esos dineros".

Otro ejemplo de esto, sostiene, es el abandono de la concesión de los estacionamientos de la Población Vergara. "Tampoco hay sumario por eso y no se planteó demandar, por más que el concejal Puebla se lo dijo a la alcaldesa en un Concejo, y sólo se dijo que se haría cuando la Contraloría lo solicitó en el informe". Lo mismo asegura que ocurre con la demora de las obras del Teatro Municipal y el Palacio Vergara, así como también la acusación menciona los problemas con la construcción del Estadio Sausalito y los estacionamientos de la plaza Sucre. "Allí hubo errores y perjuicios para el municipio, pero no hubo ni sumario ni sanciones. La alcaldesa estaba dispuesta a entregar concesiones a Besalco que alcanzaban los $ 8 mil millones para evitar un fallo desfavorable, el que finalmente dictaminó el pago de $ 460 millones", asevera el abogado.

Finalmente también detalla que el juicio por el permiso de obras caducado en Santa Inés, caso en el que el municipio también fue sentenciado al pago de $ 1.038 millones a la inmobiliaria Mirador Salinas SpA, "se hizo un sumario, pero todos fueron sobreseídos".

"En cada causal de esta acusación hay acciones reiteradas, graves y directamente imputables a la alcaldesa"

Andrés Silva Abogado patrocinante"