Mientras en varias ciudades del país se producían enfrentamientos, saqueos e incendios, en el Congreso Nacional en Santiago líderes de partidos de Gobierno y de oposición buscaban, hasta el cierre de esta edición, un camino para llegar a un mecanismo que permita transitar hacia una nueva Constitución.

Una Asamblea Constituyente conformada solo por personas elegidas exclusivamente para tal efecto o una Convención Constituyente integrada en un 50% por congresistas y el otro 50% por ciudadanos que se postulen para ello. Esas eran las dos alternativas del plebiscito que se hará presumiblemente en abril y sobre las cuales la ciudadanía debería pronunciarse para iniciar el camino hacia una nueva Carta Fundamental, según habrían acordado, tras largas horas de negociación, Chile Vamos y parte del sector opositor -desde la DC al PS.

El plebiscito de abril permitiría saber qué fórmula de composición tendrá el conjunto de personas (Asamblea o Convención, según se defina) que elaborarán la nueva Constitución, las que podrían ser elegidas en las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de 2020. Una vez que los integrantes del grupo redactor de la nueva Constitución sean elegidos, comenzarán su labor, tras la cual propondrán un nuevo texto, el que será votado en un segundo plebiscito.

El miércoles, el oficialismo y la oposición, incluyendo el Frente Amplio y el Partido Comunista, comenzaron a conversar sobre el proceso para una nueva Constitución. La oposición, partidaria de una Asamblea Constituyente, se abrió a la posibilidad de una Convención Constituyente, donde el 80% sean delegados ciudadanos y el 20%, congresistas, todos elegidos por voto universal. La idea de una convención empezó entonces a cobrar fuerza.

Sin embargo, ayer, en primera la reunión en Santiago, Chile Vamos presentó una contrapropuesta: una Convención Constituyente integrada por 40% de congresistas, 40% de personas elegidas por la ciudadanía y 20% de especialistas elegidos por dos tercios de la convención.

Socialismo en contra

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, planteó que están dispuestos a que lo acordado por la Convención "después no pase por el Congreso", habiendo sí un quórum general de tres quintas partes para la aprobación del texto y de dos tercios "para algunos casos específicos", incluyendo "un plebiscito de salida" donde la ciudadanía vote la nueva Carta Magna.

La idea fue rechazada por el Partido Socialista. "Queremos que el 100% de quienes vayan a participar en la redacción de la nueva Constitución sean elegidos democráticamente. Lamentamos que hoy (ayer) haya habido un retroceso en las conversaciones que estábamos llevando adelante, porque la propuesta del piñerismo plantea que exista un 20% de representantes designados", dijo el presidente del PS, Álvaro Elizalde. "Aun cuando se trate de personas con amplias trayectorias (los especialistas que conformarían el 20% de la Convención), no es democrático que volvamos a los 'parlamentarios' designados", agregó.

"¿Por qué le temen a la gente?", preguntó el senador PS.

El senador DC Francisco Huenchumilla puso un matiz: "No hay salida a esta crisis si no es respetando la actual Constitución, aunque nos duela. Nosotros no queremos que esto se solucione ni por la violencia ni por las armas (...) Para hacer una asamblea constituyente o convención -como se le quiera llamar-, es necesario reformar la actual Constitución del 80 y para eso se requieren los dos tercios de los senadores y diputados en ejercicio", lo que "pasa necesariamente por llegar a un acuerdo con la derecha".

Municipios esperan "varios millones" de personas votando en consulta constitucional

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, resaltó que la organización espera que "varios millones de personas" voten en la consulta constitucional que harán el sábado 7 de diciembre.

Aunque Codina reconoció que "una debilidad" de la votación es que "no es vinculante legalmente", la asociación considera que "si tiene alta participación, se va a transformar en vinculante ética y políticamente". De todas formas, el alcalde de Puente Alto dijo que están "abiertos a escuchar, observar alternativas que puedan surgir que sean mejores que la nuestra". Para Codina, la consulta recoge una fortaleza de los municipios, cual es "la presencia territorial en todo el país. Somos una de las pocas instituciones que la puede dar. Logramos colocar, en un momento en que no había ninguna alternativa, un camino para tratar de salir de la polarización y la violencia".

La consulta, que incluirá tres preguntas -entre ellas una sobre el mecanismo para la elaboración de una nueva Constitución-, no contará con la validación ni el apoyo técnico del Servicio Electoral (Servel), según explicó el presidente de su consejo directivo, Patricio Santamaría. Esto no significa que el Servel no apoye la actividad. "La única razón es una limitación legal. No es correcto decir que acordamos no apoyar el plebiscito. La ley no nos da ninguna facultad. Nos restringe participar en consultas ciudadanas", aclaró Santamaría. Lo que sí hará el Servel es entregar a la Asociación de Municipalidades, según se requiera, todo el material electoral e información correspondiente a actos eleccionarios anteriores que constituya información pública. En la consulta, de hecho, solo podrán votar mayores de 20 años por dificultades en los plazos de la actualización del padrón electoral del Servel.

Ayer en la tarde, un grupo de alcaldes se reunió con el contralor general, Jorge Bermúdez, para verificar la legalidad de la consulta y el uso de los recursos públicos. Luego de la cita con la autoridad, aclararon que Contraloría no ve ningún problema en la consulta. "Nos han dicho que es absolutamente legal. que está dentro de las facultades de los municipios", dijo el vicepresidente de la AChM, Felipe Delpin.