Redacción

Tal como lo habían anunciado desde el Ejecutivo, ayer el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, presentó ante la comisión de Gobierno de la Cámara una indicación sustitutiva al proyecto que permite realizar voto anticipado a la fecha de elección programada. Sin embargo, el texto no dejó conforme a los legisladores de oposición. De hecho, el propio secretario de Estado recoció que se trataba de una propuesta "conservadora", mientras desde la centro izquierda cuestionaron que no se enmarcara dentro de las conversaciones previas sobre el tema y calificaron el texto de "decepcionante".

"Como Ejecutivo comprometimos una indicación sustitutiva y la misma ha debido velar por cuatro cosas: la certeza jurídica que inspira nuestro sistema. En segundo lugar, el prestigio que se ha derivado de nuestro sistema electoral, fruto de esa certeza jurídica. Por cierto, y en tercer término, hemos debido velar por todos los aspectos relacionados a los costos que significa cualquier innovación. Y cuarto y final, hemos hecho énfasis en hacer un ejercicio asociado a la pandemia", dijo el ministro ante los diputados, enfatizando que "con total honestidad nuestra indicación es conservadora".

Grupos de riesgo

La propuesta -informó Emol- acota que solo los grupos de riesgo puedan votar de manera anticipada. Y en ese bloque enmarca a las personas mayores de 70 años, embarazadas y discapacitados. Agregando también esta posibilidad para los miembros de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el ministro explicó que se barajó si anticiparla para una semana antes de los comicios fijados o hacerlo el día anterior, optando finalmente por esto último.

"Lo que se está proponiendo es un voto anticipado a realizarse el día sábado anterior a la elección. Lo que hicimos nosotros al reducir las personas que podrían optar a este voto anticipado, y al enfocarse en la pandemia, nos pareció que hacerlo una semana antes o bien el día antes de la elección desde la perspectiva de la protección de estos grupos de riesgo, era indiferente. Sin embargo, desde la perspectiva de la operación era altamente más beneficioso hacerlo el día antes de la elección porque sólo requiere un solo movimiento por parte del Ejército, que se acuartelan los días viernes, y no dos", sostuvo.

Luego y el punto que causó más desazón entre los diputados que promovieron el proyecto original, fue que el titular de la Segpres explicó que se propone la creación de un padrón para que estos electores se inscriban ante el Servicio Electoral "entre los 90 y 60 días antes de la elección o Plebiscito respectivo. En base a esta inscripción el Servel, con al menos 35 días de anticipación a la fecha de la elección, deberá elaborar la nómina de electores habilitados para votar anticipadamente".

Ossa explicó que se permitirá esta posibilidad solo para quienes estén en Chile y no procederá en elecciones primarias.

Por 82 votos a favor, 37 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que modifica el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, más conocido como Fogape 2.0 o "Fogape Reactiva".

La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado y por la misma cámara baja en una instancia previa, por lo que ahora fue despachada y quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo.

El texto busca potenciar la reactivación económica mejorando las condiciones de acceso al financiamiento para las empresas de menor tamaño.

El Fogape es un mecanismo a través del cual el Estado garantiza el capital entregado en los créditos que otorgan las instituciones financieras.

Entre las modificaciones aprobadas por los diputados se encuentra una indicación presentada por el Ministerio de Hacienda, que establece que el interés a cobrar por la banca de manera anual no podrá ser superior a la Tasa de Política Monetaria (TPM) más un 0,6% mensual, es decir una tasa de 7,2% anual.

Una de las medidas de apoyo que considera el Fogape 2.0 es la extensión del tope máximo de ventas netas anuales que se utiliza como requisito para acceder a la garantía del fondo. De manera transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2021, podrán acceder las empresas que facturen hasta 1.000.000 de UF, con lo cual aumenta el rango de empresas que pueden beneficiarse.

Por otra parte, la norma flexibiliza las condiciones de uso, permitiendo que los créditos se utilicen en el pago de deudas, inversiones y capital de trabajo.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, valoró el despacho de la ley. "Permitirá seguir expandiendo el crédito y apoyo a pymes a través de garantía estatal. Agradezco a la celeridad y aprobación de esta importante ley a la Cámara y el Senado", dijo.

Parlamentarios de oposición, en tanto, demandaron medidas más integrales y transferencias directas a las personas. "El mercado debe tener una inyección de liquidez dándole un ingreso a las familias que hoy no tienen empleo por la crisis, con eso las pequeñas empresas también se reactivan producto del comercio", manifestó, por ejemplo, el diputado del Partido Socialista Gastón Saavedra.

En estos momentos enfrentamos un importante aumento de los contagios por covid-19. A pesar de los esfuerzos y campañas que los responsables del manejo de la pandemia han implementado, no falta quienes aprovechan esta circunstancia para apuntar con el dedo y censurar a nuestras autoridades, olvidando que una enorme mayoría de los países, incluso muy desarrollados, enfrentan una situación similar o peor.

Esta pandemia es una experiencia nueva, de la que no conocíamos sus características y para la cual estábamos poco preparados y no teníamos respuestas comprobadamente eficaces. La respuesta generalizada en todos los países, incluido Chile, fue "esconderse del virus". Porque en último término, eso es lo que implican las cuarentenas implementadas mundialmente.

Esta es una estrategia probadamente eficaz, por cuanto el virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo.

Sin embargo, tiene costos que se manifiestan en plazos medianos o tardíos. Algunos ya son muy visibles en nuestro país, como son el deterioro de la convivencia doméstica; la postergación de atenciones médicas, que a veces implican enfermedades complejas afectando la calidad y los años de vida; el daño a la estructura económica y productiva y el consecuente aumento de la cesantía; el deterioro en la educación y los progresivos costos emocionales y de salud mental. Esta situación ha hecho que en algunas ciudades del país las personas comiencen a rebelarse a estas medidas, como sucedió en Magallanes.

El dilema entonces se podría caracterizar como escoger entre las alternativas de respirar o comer. La supresión de la respiración es fatal en pocos minutos, la de la alimentación, en pocos días, pero ambas son fatales.

Por lo tanto, no es razonable plantear cuarentenas totales interminables. Debemos perfeccionar la estrategia de diagnóstico oportuno y las restricciones de la movilidad, en forma selectiva y flexible, de modo de disminuir los "costos" de la cuarentena y minimizar los riesgos de contagio, de manera muy focalizada.

La esperanza en la vacuna no ofrecerá protección masiva como para "volver a lo de siempre" hasta tener vacunado a cerca del 75% de la población, más o menos 15 millones de personas. Esta es una tarea monumentalmente compleja, agravada por algunos que rechazan vacunarse, además de disponer de la cantidad de vacunas que se necesitan, con una logística difícil por las condiciones de cuidado de la vacuna, por lo que es previsible que alcanzar la cobertura deseada tomará varios meses.

Por eso la responsabilidad individual y colectiva. Este virus se difunde por gotas de saliva que salen de la boca de personas contagiadas, muchas veces asintomáticas, y no llega habitualmente a más de 1,5 metros de distancia. Por eso se debe usar la mascarilla, lavarse frecuentemente las manos, respetar la distancia física y todas las restricciones del Plan Paso a Paso, fundamentalmente los aforos de las reuniones sociales y familiares y evitar los desplazamientos innecesarios.

Controlar la epidemia no es sólo una responsabilidad del Estado, ni de las autoridades, sino de todos nosotros.

"La esperanza en la vacuna no ofrecerá protección masiva como para "volver a lo de siempre" hasta tener vacunado a cerca del 75% de la población".

El doctor Manuel José Irarrázaval es presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS).