Finalmente, y salvo sorpresa de última hora, la elección de convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales se llevará a cabo los días 15 y 16 de mayo. La medida verá la luz luego de ataques cruzados entre el oficialismo y la oposición; de un lado se acusó de chantaje por intentar condicionar la suspensión a la aprobación de medidas económicas, mientras que de la otra vereda se acusó al Gobierno de intentar favorecer electoralmente a ciertos candidatos que estarían en una mejor posición para solventar los gastos de campaña durante un mes adicional.

Podrá parecer desmesurada la frivolidad de la discusión teniendo presente el contexto sanitario, con una pandemia que no da tregua y que ya alcanzó su peak, provocando récord de contagios y de ocupación de camas UCI. Sin embargo, cualquier medida que interfiera en el itinerario constituyente genera tensión política, especialmente cuando se trata de la elección más importante de las últimas décadas. A fin de cuentas, junto a la crisis sanitaria, nuestro país atraviesa por una crisis social de igual envergadura cuya salida institucional dependerá de la legitimidad en todas las fases del proceso constituyente.

Resguardar la legitimidad de nuestra democracia es una tarea que rebasa la mera participación ciudadana y que requerirá de la cooperación de partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Por de pronto, quizás el mayor desafío consistirá en combatir la propagación de noticias falsas durante y después del "evento" electoral. En este sentido, es probable que surjan acusaciones de fraude electoral o que grupos organizados imputen una especie de "apropiación" del proceso por parte de los partidos más tradicionales.

La celebración de los comicios durante dos días, unido a la confirmación de los pronósticos electorales más conservadores -que vaticinan una mínima repartición de escaños a independientes fuera de pacto-, formarán el caldo de cultivo para la proliferación de teorías conspirativas. Ya pudimos apreciar una muestra de este fenómeno en las primarias de alcaldes y gobernadores regionales donde, a la imposibilidad de constituir todas las mesas por falta de vocales, se siguió una serie de acusaciones en contra del Servel y delegados de las juntas electorales. En las redes comenzaron a circular rápidamente conjeturas -respaldadas irresponsablemente por parlamentarios y académicos hoy reconvertidos en candidatos-que atribuyeron cierta intencionalidad oscura en la negativa de fusionar las mesas de sufragio, desconociéndose que dicha acción no está permitida por nuestra ley electoral.

El camino hacia la nueva Constitución no será sencillo. Una vez escogidos los convencionales constituyentes éstos tendrán que redactar el reglamento para su funcionamiento, tarea que se prevé compleja y donde ya se han adelantado algunas diferencias críticas, como la pertinencia o no de contar con sesiones secretas. En esa discusión también subyace una divergencia en la forma de entender la legitimidad: legitimidad como sinónimo de transparencia y legitimidad como manifestación de voluntad libre de presiones externas.

Superado ese escollo, la Convención Constitucional comenzará recién a discutir el contenido de la nueva Carta. En paralelo, el Congreso mantendrá sus facultades legislativas, incluyendo sus competencias de reforma constitucional. Habrá ahí un escenario de aparentes conflictos de legitimidad cuando el poder legislativo presente proyectos de reforma constitucional, o se abstenga de hacerlo. Y qué decir respecto a la presentación de propuestas por parte de los convencionales constituyente, cuando éstas excedan los límites establecidos por la Constitución - o el propio reglamento- y deban ser controladas por los tribunales. La legitimidad nuevamente saldrá a la palestra.

En definitiva, estamos recién en la antesala de una cadena de acontecimientos que requerirán una especial atención por parte de todos los actores, pues la percepción de ilegitimidad en alguna de las etapas puede echar por tierra los esfuerzos para superar la crisis. De ahí la ansiedad y el nerviosismo por avanzar. No olvidemos que nuestra institucionalidad también está enferma y es necesario que inicie pronto su tratamiento.

Maximiliano Duarte

El pueblo somos todos y todas quienes formamos parte de este país. Tenemos un poder para decidir sobre nuestra propia existencia, lo que en términos prácticos implica la posibilidad de cambiar las reglas bajo las cuales vivimos en sociedad. En palabras jurídico-políticas a esto se le denomina 'poder constituyente'. El estallido social y el posterior Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución fueron un reflejo de este poder. La democracia intentaba resolver los problemas de la vida real, que la protesta social visibilizó, ofreciendo así una vía pacífica hacia una vida más justa.

De esa forma se abrió el proceso constituyente, que buscaba escuchar a la ciudadanía respecto a si quería cambiar -o no- la Constitución de 1980. El plebiscito de entrada que inicialmente fue fijado para el 26 de abril de 2020, por efectos de la pandemia fue celebrado el 25 de octubre de 2020, con una apabullante victoria de las opciones 'apruebo' y 'convención constitucional', con un 78,28% y 79% respectivamente. En tal sentido, la legitimidad del proceso recae en el pueblo, en todos y todas, que de forma clara y precisa optamos mayoritariamente por seguir adelante en el camino hacia una nueva Constitución.

La Convención Constitucional será una conversación entre iguales sobre la futura estructura jurídica de la convivencia. Por lo mismo, la elección de constituyentes es de capital importancia. Todos y todas debemos informarnos respecto a las ideas que nuestro candidato propone en torno a temas tan importantes como educación, salud, modelo de Estado, igualdad de género, pueblos originarios, agua, medioambiente, entre otras. No es lo mismo una Constitución que olvida diversos derechos (como la Carta vigente), que otra que consagre realmente derechos sociales. Tampoco da igual tener un modelo de Estado que responde a cánones neoliberales, que transitar hacia un Estado de Bienestar. En suma, todos estos tópicos tienen un impacto en el día a día de las personas. Si la gran mayoría de Chile manifestó una opción por una transformación, entonces los candidatos deben ser transparentes en orden a explicar cuáles son los cambios que proponen.

Para que la Convención y la nueva Constitución sean exitosas, necesitamos que los constituyentes elegidos sean realmente representativos. Por lo mismo estamos ante una elección clave. Ante el recrudecimiento de la pandemia y de los contagios, la elección fijada para el 11 de abril de este año sumó un segundo día, a saber, el 10 de abril. La idea detrás del este cambio era lógica: al tener un día más de votación, la posibilidad de contagios disminuiría.

Sin embargo, las cifras del covidno nos han dado tregua y el martes 30 de marzo, dos días después que lo anunciara en forma pública, el Presidente Piñera ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional que busca aplazar la elección para el 15 y 16 de mayo. A la fecha en que escribo esta columna, el cambio ha sido aprobado por la Cámara y se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Todo indica que se aprobará y que la elección nuevamente cambiará de fecha.

Ahora bien, ¿este nuevo aplazamiento quita legitimidad al proceso constituyente? La respuesta es un rotundo no. La legitimidad la dio el pueblo, titular del poder constituyente, expresando su voluntad en el plebiscito de entrada del 25 de octubre pasado. La enorme victoria del apruebo es la legitimidad de la que bebe este proceso constituyente.

La salud pública tiene la última palabra en estos asuntos. De todos y todas dependerá que esta prórroga no favorezca a los candidatos y candidatas que cuentan con mayores aportes de dinero para sus campañas. La realidad privilegiada de unos pocos candidatos y candidatas contrasta con la de los demás (muchos de ellos y ellas realmente independientes), cuyos fondos ya se han agotado y el aplazamiento les dificultará aún más las cosas. Durante el estallido se decía que Chile despertó, y creo que es momento de seguir bien despiertos y buscar los cambios que necesitamos.