SERÍA un verdadero imPuesto A LA EDUCACIÓN PARTICULAR PAGADA
"El proyecto de ley que obligaría a los colegios particulares pagados a tener una gratuidad en su matrícula, de al menos el 30%, comprendidos en los cuatro primeros deciles de ingreso, tiene defectos conceptuales graves, que hacen que éste no cumpla el objetivo de lograr efectivamente una mayor integración social.
Nuestra Constitución consagra que "es deber del Estado que el sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita". A su vez, los establecimientos particulares subvencionados, para efectos de acceder a las subvenciones, deben contar con una matrícula de alumnos vulnerables becados, hasta un 15%, a menos que no se hayan presentado postulaciones suficientes para cubrir dicho porcentaje.
De ello se desprende que la obligación de proveer educación gratuita para satisfacer la demanda es del Estado, representado por los establecimientos de su propiedad, y para aquellos sostenedores privados que opten por recibir las subvenciones estatales, la obligación es contar con un porcentaje de vacantes gratuitas.
Pretender que el proyecto de ley extienda a establecimientos privados que no reciben apoyo financiero del Estado esta obligación, en materia de admisión prioritaria de estudiantes de sectores vulnerables, se traduce en que terceros, y no el Estado, deberán solventar en parte esta obligación. En el fondo, se trata de un verdadero impuesto a la educación particular pagada, sin siquiera tomar en consideración los visos de inconstitucionalidad que este presenta.
Se desprende del texto del proyecto que el objetivo es promover la integración social. Dicha intención adolece de una mirada más integral, ya que no se lograría aquello si el esfuerzo apunta a que solo estos alumnos accedan a un mejor nivel educacional (pedagógico), si ello no va acompañado de otros apoyos de carácter sicológico y social. Existe evidencia que demuestra el daño que puede provocar someter a los niños vulnerables a experimentos sociales con fines ideológicos, lo que puede afectar severamente su rendimiento académico y su estabilidad psicológica y emocional.
Por otro lado, pareciera ser que la intención permanentemente declarada de parte de la gran mayoría de los parlamentarios, como es el fortalecer la educación pública, se encontraría en contraposición con integrar a alumnos vulnerables en la educación escolar pagada. Sin perjuicio de aquello, resulta de toda lógica el establecer que los apoyos financieros deberían ir orientados y direccionados a los alumnos que estén en igualdad de condiciones de vulnerabilidad, indistintamente si estudian en un colegio cuyo sostenedor es el Estado, o en uno particular subvencionado". 2
Extender la obligación a colegios privados se traduce en que terceros, y no el Estado, deberán solventarla en parte".
Hernán Herrera
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