¿Qué quieren realmente los pescadores artesanales de la ex Caleta Sudamericana? La pregunta yace como mar de fondo en toda la explicación que entregó el ministro de Economía, Lucas Palacios, cuando junto a la subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo, habló ayer en un improvisado punto de prensa armado en Valparaíso, porque el titular de la cartera no era bienvenido en las caletas de Quintero, donde se iba a realizar, en principio, la reunión evaluativa de los acuerdos suscritos con los artesanales, el viernes 22 de octubre.

El conflicto viene de mucho antes. Viene del incumplimiento al compromiso adquirido por el Gobierno de la época cuando hace ocho años se definió que los pescadores de la Caleta Sudamericana debían emigrar para permitir los planes de expansión portuaria. Ocho años tuvo el Estado para zanjar un problema que afecta a más de 200 pescadores, a los oficios vinculados a la limpieza, traslado y venta de sus productos, además de sus familias. Ante el cumplimiento de los plazos establecidos y la falta de claridad de la autoridad, los pescadores decidieron meter presión desde el mismo puerto de Valparaíso. Para apurar las negociaciones, prendieron fuego a algunos neumáticos ubicados en el terminal y agitaron las aguas de la poza de abrigo con incidentes que, como ocurre siempre en este tipo de situaciones, perjudicaron a terceros, sin lograr ningún avance significativo en la solución del conflicto. De allí que sigue vigente la pregunta: ¿qué quieren realmente los pescadores de la ex Caleta Sudamericana?

El Gobierno ya definió que el lugar de trabajo definitivo para los artesanales será Roca La Baja, en Valparaíso -elegido por los propios pescadores-, y que mientras eso ocurre los trabajadores podrán quedarse en El Manzano o El Membrillo. Para que puedan trabajar adecuadamente en dichos lugares, el Ejecutivo también entregará aportes para mejorar la infraestructura, ayuda para movilizarse y fondos para renovación de motores, por un total de $ 1.890 millones.

Sin embargo, como ocurrió desde un principio, Palacios descartó indemnizar a los pescadores con los $ 450 mil mensuales que exigían para cada uno, los que en tres años -tiempo en que estará lista la caleta nueva- suman $ 4 mil millones. Sobre ese punto, expuso el ministro por enésima vez, no es posible encontrar acuerdo, porque los montos exceden con largueza las posibilidades que tiene el país. La solución, en ese sentido, es que los interesados interpongan una demanda contra el Estado, para que la Justicia defina montos y pagos. Sin embargo, los pescadores insisten en que radicalizarán sus movimientos, incluso con la amenaza de paralizar el puerto de Valparaíso, si no se accede a sus peticiones íntegras, entre ellas el improbable uso del sector Barón como lugar provisorio de trabajo. "Llevamos 86 días sin trabajar y la gente está desesperada, vamos a mandar a buscar el resto de las embarcaciones a Quintero. (...) Nosotros no estamos pidiendo tanto. Si no quieren pasar el Muelle Barón, pueden facilitarnos un sector de la costanera", decía el jueves un dirigente de los artesanales. Los pescadores piden un lugar para trabajar y tienen disposición a discutir alternativas, reconoce el ministro Palacios, quien enseguida desliza que no está tan seguro si es lo mismo que piden los abogados involucrados.

Si alguien pensó que los sucesos de fines de 2019 catapultarían a Chile hacia el futuro, rompiendo las ataduras del anquilosamiento que había comenzado a advertirse, las actuales campañas presidenciales deben ser motivo de amargo desengaño, pues la cruda realidad es la contraria. Vivimos una contienda francamente retrógrada, en que la mayoría de los candidatos parece despreciar las lecciones de la experiencia.

Gabriel Boric es, por lejos, el candidato de izquierda con opción de triunfo más radical desde 1970. Lo que se conoce de su misterioso programa en lo económico y social es una nutrida colección de políticas de acreditada insensatez. Si efectivamente se lleva a cabo, reduciría drásticamente la inversión privada y nos sumiría en la recesión o el estancamiento, volviendo ilusoria la promesa de mayores beneficios sociales. Financiar mejores pensiones se tornaría especialmente costoso, dada la pérdida de fondos previsionales que sigue propiciando y la demencial idea de retornar a un sistema de reparto, en que el mayor peso de ellas recaería en nuevos impuestos para los trabajadores.

Como si ello fuera poco, en materia de decencia democrática Boric ha mantenido una consistente ambigüedad. Suscribió el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, pero ha apoyado las transgresiones de él que han impulsado sus compañeros. Votó originalmente a favor de la llamada "Ley antisaqueos", pero luego se arrepintió y hoy propicia una amnistía para quienes han usado la violencia como instrumento político en los últimos dos años. Promueve una aún imprecisa forma de intervención en los medios de comunicación. Su principal compañero de ruta es el antidemocrático Partido Comunista. Y en un eventual gobierno suyo podría darse una preocupante concentración de poder.

Yasna Provoste evoca también 1970, pues, aunque sin la elocuencia de Radomiro Tomic, se asemeja a él en su mimetismo con la izquierda pura y dura.

José Antonio Kast, aunque se ha esforzado por edulcorar sus simpatías por Pinochet, supone el regreso a una derecha "ochentera", fuertemente conservadora, que descree de las instituciones encargadas del resguardo de los derechos humanos, propicia una importante reducción de impuestos cuando el país enfrenta un elevado déficit fiscal y, con ecos trumpianos, propone cavar una zanja en la frontera con Bolivia y Perú.

Así las cosas, Sebastián Sichel es el único candidato con los dos pies puestos en el siglo XXI y que se aleja del vicioso círculo de la polarización. Su desempeño en campaña ha sido más bien decepcionante. Pero solo él combina impecables credenciales democráticas con un programa que apunta a un efectivo progreso, moldeado por la valoración de la libertad, el crecimiento económico, una mayor justicia social y una clara conciencia de la emergencia medioambiental.