Contraloría advierte de $ 5.846 millones sin rendición de cuentas
REGIÓN. Ente entregó informe de auditoría en el Gobierno Regional por proyectos financiados por el 6% del FNDR, detectando faltas en mecanismos de control.
Con fecha 28 de octubre de 2021, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió su informe acerca de la auditoría realizada en el Gobierno Regional, acerca de los proyectos financiados con el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2020.
Esta línea de financiamiento subvenciona iniciativas culturales, deportivas y de seguridad ciudadana, entre otras, realizadas por municipalidades, otras entidades públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que deben seguir los criterios de evaluación que fije cada gobierno regional.
Las observaciones
En ese sentido, el ente contralor hizo una serie de observaciones sobre los mecanismos de otorgamiento y control de los fondos. Por ejemplo, la "carencia de un manual de procedimientos que describa las labores que ejecutan los funcionarios de la Unidad de Proyectos del 6% que intervienen en los procesos de revisión y coordinación de los programas del FNDR".
Asimismo, reza el informe, se detectó "la falta de instructivos o protocolos que describan los mecanismos y principales rutinas administrativas utilizadas en materias de solicitud, selección y rendición de las iniciativas financiadas mediante asignación directa de recursos".
También se pide al Gore que dé curso a 14 procedimientos disciplinarios pendientes, "debiendo ponderar si respecto de alguno de ellos ha operado la prescripción de la acción disciplinaria, y en dichos casos, considerar la instrucción de sumarios administrativos", por la responsabilidad en las demoras.
Contraloría también advirtió sobre "la inexistencia de un plazo formalmente establecido para la revisión y aprobación de las rendiciones de cuentas presentadas por los ejecutores de proyectos de asignación directa". Los plazos oscilan entre los 31 y los 327 días.
Pero uno de los acápites importantes se relaciona con un saldo de deudores por rendición de cuentas, que al 31 de diciembre de 2020 asciende a $5.846.623.267. De ese total, indica el texto, "incluye cuentas por cobrar originadas entre los años 2009 y 2015 por $2.629.376.118, las cuales están afectas a una eventual prescripción extintiva", de acuerdo a lo estipulado por el Código Civil.
Además, también se detectaron "rendiciones de cuentas provenientes de las anualidades 2016, 2017 y 2018, con una antigüedad superior a los 12 meses, que alcanzan un saldo de $1.128.141.000".
"El servicio auditado deberá realizar las acciones comprometidas para exigir los cobros y rendiciones pertinentes, cuyo grado de avance deberá ser informado en un plazo de 60 días hábiles", concluyó Contraloría.
Cambios a realizar
Al respecto, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, manifestó que "nos hemos comprometido a actualizar todo lo que es referido al manual interno de procedimientos, que es lo que estaba objetado en el informe de Contraloría".
En esa línea, agregó que los cambios se harán "en labores que se realizan con los funcionarios del 6%, en las rendiciones de cuentas, en la cobranza de saldos pendientes y en la actualización de convenios de subvención".
El consejero Percy Marín (RN), presidente del Core entre 2018 y 2019, consideró que el informe de la Contraloría confirmó las aprensiones sobre la falta de control de los proyectos financiados vía 6%.
"Se ha avanzado muy poco en aquello, todavía tenemos unidades que son las que recepcionan los proyectos, dan admisibilidad y que son, además, las que los fiscalizan", planteó.
Por ello, "debiera existir una unidad especializada en lo que es la revisión y la fiscalización de esos proyectos. En el informe se establece que hay proyectos que nunca fueron fiscalizados, nunca el Gore se hizo presente en aquellas actividades; por lo tanto, dónde está la fe de que efectivamente esas actividades se realizaron en conformidad a lo establecido en el proyecto".
Juan Arriagada (DC), titular del Consejo Regional entre 2019 y 2020, estimó que "no es sano" lo que ocurre con estos fondos, ya que "favorecen la participación comunitaria desde el ámbito público y privado".
"Lo que corresponde es exigir el cumplimiento categórico e inmediato de los municipios o de los organismos que están debiendo una rendición, una devolución, una cuenta detallada o lo que corresponda", dijo el core, sin perjuicio de establecer reglamentos y criterios claros en el otorgamiento y control de los fondos del 6%.
Tania Valenzuela (Ind.-RD), quien fue una de las solicitantes de la auditoría, se mostró de acuerdo con las conclusiones de la Contraloría.
La consejera recordó las críticas que formuló durante la gestión de Jorge Martínez como intendente, "sobre la distribución de los proyectos de interés regional, (...) dado el nulo conocimiento acerca de los criterios de asignación y, por sobre todo, que se contemplaba al momento de evaluar que un proyecto sea considerado de 'interés regional', lo que concluyó en impulsar un reglamento a nivel del consejo regional que permitió establecer parámetros y topes financieros para este tipo de iniciativas".
En tanto, Manuel Millones (Ind.) consideró que eran predecibles las conclusiones. "En reiteradas oportunidades desde el Consejo hicimos ver nuestras aprensiones por la debilidad institucional en cuanto a la falta de personal para fiscalizar, auditar y dar la admisibilidad a los miles de proyectos anuales que se tramitan; y además a la falta de un protocolo o instructivo operaba el criterio del evaluador para aprobar o rechazar o los proyectos", indicó.
"Nos hemos comprometido a actualizar todo lo que es referido al manual interno de procedimientos".
Rodrigo Mundaca, Gobernador regional
"Todavía tenemos unidades que son las que recepcionan los proyectos, dan admisibilidad y que son además las que los fiscalizan".
Percy Marín, Consejero regional RN
"Lo que corresponde es exigir el cumplimiento categórico e inmediato de los municipios o de los organismos que están debiendo una rendición".
Juan Arriagada, Consejero regional DC
$ 2.629 millones por deudas entre 2005 y 2019 no han sido cobradas por el Gobierno Regional.
$ 1.128 millones, con más de 12 meses de antigüedad, están pendientes de rendición desde 2016, 2017 y 2018.