Un hombre y una mujer, que se identificaron como provenientes "de la llamada 'toma VIP' de Colmo", agredieron a un periodista del diario El Observador de Quillota. El hecho ocurrió cuando el atacante, de unos 40 años, junto a una mujer de unos 50, llegaron hasta las oficinas del periódico y pidieron hablar con un periodista, siendo atendidos por el profesional Juan Pablo Rojas.

Comenzaron a mostrar lo que supuestamente sería una documentación y, sorpresivamente, el hombre golpeó al periodista, le quebró los lentes y lo golpeó varias veces en el pómulo derecho, dejándole con una herida sangrante y tumbado en su silla. Rápidamente la pareja huyó en un automóvil que los esperaba. Estos hechos fueron consignados en una declaración del periódico y denunciados a Carabineros.

La toma a que aludían los agresores corresponde a 20 hectáreas situadas en Santa Rosa de Colmo, pertenecientes a la familia Easton, donde se han asentado irregularmente 120 familias que han construido viviendas de cierta calidad y, además, cerrado al acceso creando un verdadero condominio.

El periódico señala en una declaración que la agresión "es una prueba más de la violencia con que están actuando los responsables de las tomas ilegales, que han usurpado terrenos privados y actúan con un alto grado de violencia y peligrosidad". No exagera esa versión, pues ahí está el caso de Alejandro Correa, propietario de un terreno usurpado que fue asesinado por un sicario en la puerta de su casa.

La violencia ahora alcanza a un medio de comunicación, lo cual es particularmente grave, pues han sido los medios los que han dado cuenta de la criminalidad que se está generando a partir de la explotación de un problema social como es la crisis habitacional.

Como El Mercurio de Valparaíso, medio víctima de la violencia, repudiamos esta agresión y solidarizamos con la víctima del ataque que debe ser investigado a fondo, tanto para castigar a los responsables como para prevenir nuevas agresiones.

El reciente ataque al periodista de El Observador y los anteriores atentados contra El Mercurio de Valparaíso y El Líder de San Antonio, son hechos gravísimos que intentan intimidar a los medios y silenciarlos.

Pero hay una cuestión de fondo, como son las acciones que, con el pretexto de combatir las noticias falsas, pretenden regular a los medios y frenar su tarea limitando de hecho la libertad de expresión que resulta incómoda para el oficialismo de turno. Así, es lógica la inquietud ante campañas solapadas, disfrazas, que buscan amordazar al tropiezo que significa esa libertad. La irresponsabilidad presente en muchos medios digitales, no puede ser un argumento para intentar frenar la libertad de expresión, especialmente de aquellos que actúan de acuerdo a la normativa tradicional vigente, con responsabilidades legales que tienen nombre y apellido.

Hace pocos días atrás pudimos escuchar el dictamen de la Corte Internacional referido al caso Silala. Uno más de los que forman parte de la historia de las relaciones de nuestra nación con el Estado Plurinacional de Bolivia. Durante varios días se destacó por las más variadas autoridades de Chile, como por muchos especialistas y analistas, el valor que el fallo tiene al dar "certeza jurídica". Fue notable observar que más allá de las diferencias que tienen muchos dirigentes sobre materias diversas, en un amplio espacio temático, aparece relevada la importancia de la certeza jurídica. Entonces uno puede concluir que si la certeza jurídica es esencial para una materia que considero importante, así otros también la valoran en asuntos cuyo número es inimaginable. Este ejercicio de empatía, de imaginar por qué se clama, se reclama por otros actores la certeza jurídica, puede dar una nueva claridad a los tomadores de decisiones. Pensemos en la economía, en la propiedad sobre un pedazo de tierra, en el Estado de derecho.

Razonablemente podemos afirmar que la certeza jurídica es un bien, es un atributo apreciado que hace que un país sea valorado por la comunidad internacional, precisamente por ser percibido como confiable. Diría alguien: "Con usted yo hago acuerdos porque hay reglas que se respetan". Se acerca a un activo intangible. Yendo más allá me atrevo a decir que la certeza pertenece al ámbito de la libertad. Por ejemplo, el aseguramiento de la libertad de expresión, de opinión, de prensa, nos hace ciudadanos. Sin esa certeza entramos al terreno del miedo, de la duda y al riesgo en nuestro caminar libres. Por ello, la democracia nos llama a su cuidado y perfeccionamiento. Nosotros tenemos el deber ético del noble papel de asegurarla, sin dejar margen.

Hoy se viven uno de esos momentos. Afirmados en las ya tan conocidas "noticias falsas" (fake news) hay un debate en gran escala, cuyo centro son las noticias falsas que circulan, potenciadas por las redes sociales. Esto es un hecho evidente, cuyos actores de la desinformación pueden ir desde la intencionalidad y la manipulación de la "guerra sucia" hasta la réplica de lo que se cree sin espíritu crítico. Esta situación y el debate visible es motivo de atención. Así hay estudiosos del tema que profundizan en las razones de éste, hay creadores de modelos de seguimiento de alta sofisticación y otras miradas. Desde luego, se inicia la búsqueda de cómo evitar o disminuir el impacto que la desinformación tiene. Entonces comienza la etapa que busca la creación de fórmulas de contención de una circunstancia que provoca impacto negativo, que debe tener una variedad dispersa y opuesta de mentores. Y uno de los remedios imaginados para enfrentar el mal es la creación de organismos que finalmente pueden perforar la libertad.