Dispone la rutina que tras las grandes catástrofes surjan las acusaciones de responsabilidad. Imputaciones antes que terminen las investigaciones. Así, luego del pavoroso siniestro que consumió decenas de viviendas en sectores altos de Viña del Mar y hasta amenazó al plan de la ciudad, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, declaró que "hay una sospecha, también, manifiesta y fundada de parte de todas las comunidades y por parte de todos los movimientos, que cuando ocurren estos siniestros, inmediatamente viene la presión de los holdings inmobiliarios para construir en estos sitios que se encuentran siniestrados". Cuando se le pidieron precisiones, afirmó que "hay evidencias", sin entregar datos concretos. Ya lo habìa dicho con la misma irresponsabilidad la alcaldesa Ripamonti, el dìa anterior, y la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, durante el incendio de Quebrada Escobares.

De esas afirmaciones fluye que ciertas empresas verían de inmediato el lucro tras la desgracia. Se podría continuar avanzando y afirmar que esas mismas empresas estarían vinculadas a la intencionalidad del fuego. Ante esas suposiciones, la delegada presidencial, Sofía González, cauta, sostuvo que "cualquiera otra teoría es solo eso, teoría". Entretanto, con el fin de evitar especulaciones con esos espacios se tramita una ley que prohíbe temporalmente el cambio de uso de suelo de las áreas siniestradas, evitando así desarrollos inmobiliarios.

En contra de "teorías conspirativas sin pruebas" reaccionó el vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, Marcos Tricallotis (Partido Republicano), al sostener que "ciertas autoridades" deberían estar más preocupadas de hacer cumplir la ley y evitar nuevas tomas". El consejero Manuel Millones, por su parte, pide esperar el resultado de las investigaciones antes de establecer hipótesis. Respecto a una "congelación" de predios, afirmó que ello incentivaría ocupaciones ilegales.

El diputado Tomás de Rementería (independiente-PS) recomienda "evitar todo tipo de suspicacias, sin pruebas. Es un tema bastante serio y no he visto ninguna prueba de que estén involucradas las inmobiliarias". Insistió en la prohibición de cambios de uso del suelo el parlamentario Diego Ibáñez (CS). El arquitecto y urbanista Iván Poduje sostuvo, y con razón, que "este tema es muy serio, imagino que no estarán legislando en base a teorías conspirativas".

Las heridas están abiertas y el proceso investigativo debe avanzar técnicamente, sin presiones ni condenas previas o acusaciones imprecisas que afectan a un amplio sector y desatan suspicacias que terminan dañando la reconstrucción y frenando propuestas y ayuda a los damnificados. El rol de las autoridades, de los parlamentarios desde su trabajo legislativo y del propio gobernador regional -tiene experiencias judiciales en acusaciones al voleo- es acelerar la ayuda de corto, mediano y largo plazo, tarea que tiene muchos frentes y que debe estar marcada por un ánimo convocante y solidario.

El incendio que afectó a cientos de familias en Viña del Mar se suma a la lista de siniestros que han azotado a la región en las últimas semanas. Lamentablemente, y en contraste a la heroica labor de nuestros bomberos, la gestión de las autoridades se ha visto manchada por una serie de declaraciones que apuntan a las empresas inmobiliarias como causantes de los incendios y cuyos divulgadores cruzan todos los niveles de la administración del Estado: alcalde, gobernador regional y Presidente de la República.

La minuta conspirativa no es nueva y ya se dejó ver a propósito de los incendios que afectaron a la Quebrada Escobares y al Jardín Botánico hace algunos días, cuando el diputado Ibáñez y las alcaldesas de Viña del Mar y Villa Alemana sugirieron el mismo nexo causal: inmobiliarias que producen incendios forestales para luego aprovecharse de un eventual cambio en el uso del suelo siniestrado. En dicha oportunidad, las declaraciones de la alcaldesa Ripamonti no podían sino generar sorpresa por su ingenuidad. Y es que, como es de público conocimiento, el terreno donde se emplaza el Jardín Botánico es público y ahí es imposible desarrollar siquiera un proyecto inmobiliario porque ello infringe tanto los convenios que mantienen el área protegida como los propios fines estatutarios de la fundación que lo administra. Fundación que, dicho sea de paso, es integrada por la misma alcaldesa en calidad de consejera de su directorio, lo que agrava aún más su irresponsabilidad.

Con todo, no deja de ser impresionante la vigencia que ha logrado la teoría de la conspiración inmobiliaria, repetida como mantra durante años cuando a la fecha no existe ningún incendio en que la evidencia haya demostrado intencionalidad de algún agente inmobiliario. No la hubo en el incendio de Rodelillo el 2013, ni en San Antonio el 2015, ni en el incendio del Tranque El Peral el 2021, por nombrar solo algunos ejemplos locales con imputado o responsable conocido.

Ahora bien, si la historia judicial es tan categórica ¿qué es lo que sustenta este tipo de afirmaciones? Parece ser que el único "antecedente" es una tesis citada en un proyecto de ley que impide el cambio de uso de suelo en terreno incendiado, presentado por el diputado Ibáñez y referido tanto por la alcaldesa Ripamonti como por el Presidente Boric. Curiosamente, dicha investigación se limita a identificar algunas zonas donde ha existido construcción de viviendas en sectores previamente afectados por incendios, concluyendo expresamente que "esta correlación no implica una relación de causa-efecto entre ambas variables", o que "este trabajo no pretende denunciar que las inmobiliarias o industrias originan incendios forestales para construir sus proyectos de urbanización".

Si el Presidente cumple su promesa de "mover cielo, mar y tierra para dar con los responsables", entonces es probable que en Viña del Mar el Ministerio Público termine imputando a un pirómano. Y aunque en paralelo la psiquiatría esté constantemente buscando tratamientos para enfrentar dicha patología, se ve más difícil dar con el antídoto para mantener a raya la piromanía política, esa que padecen algunos representantes y que tiene por objeto incendiar el debate público con teorías conspirativas que no tienen justificación, para luego construir sobre las cenizas una sociedad aún más polarizada.