Nicolás Donoso A.

Ad portas de la instalación del Consejo Constitucional que deberá elaborar una propuesta de texto constitucional que será sometida a plebiscito en diciembre de este año, el senador Juan Ignacio Latorre pone una metáfora futbolística sobre la mesa: "Quedan seis meses, el partido hay que jugarlo hasta el último minuto", dice el también presidente de Revolución Democrática (RD) ante la mayoría republicana en la instancia.

El legislador también plantea que no es el momento de hacer cambios a los plazos establecidos para este último tramo del nuevo proceso constituyente. "No es adecuado estar cambiando las reglas del juego de un proceso constituyente que fue producto de un acuerdo político donde el propio PS firmó las reglas del juego de este proceso", responde por el proyecto de ley firmado por algunos parlamentarios socialistas que busca acotar a dos meses el trabajo del Consejo e incorpora una tercera pregunta en el plebiscito de diciembre.

"Todo eso ya es ley de la República, fueron reformas constitucionales aprobadas en el Parlamento y, por tanto, no me parece que se estén presentando cambios a las reglas del juego cuando el partido ya comenzó y hay que disputarlo hasta el final".

-¿Cuál es su análisis de la propuesta presentada por la Comisión Experta?

- Yo valoro mucho el trabajo que ha hecho la Comisión de Expertos, representada por todos los colores políticos, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, han logrado construir un acuerdo transversal que habilita la democracia y que respeta los doce puntos del acuerdo político que habilitó este proceso constituyente. Es un texto razonable y un buen punto de base para seguir conversando y enriqueciendo la discusión constitucional.

- ¿Tiene algún complejo en llamar a votar rechazo si no quedan conformes con la propuesta definitiva?

- Eso lo vamos a definir en su momento, no es el momento ahora de definir una posición para el plebiscito de diciembre, quedan seis meses, el partido hay que jugarlo hasta el último minuto. Por tanto, no es momento de adelantar posiciones.

- ¿De qué dependerá la decisión sobre aprobar o rechazar la propuesta que surja?

- Lo que yo he dicho es que más bien va a depender de la actitud de quienes tienen mayoría, en este caso el Partido Republicano y la derecha, en el sentido de si van a buscar algún acuerdo con las izquierdas para darle a Chile una nueva Constitución que sea aceptada por todos los sectores y sea un pacto de convivencia democrática para el futuro, o más bien quieren mantener la Constitución actual o hacer un maquillaje y, por tanto, podrían arriesgar a que no sólo los partidos políticos, sino que múltiples sectores de la sociedad no se sientan representados ahí y, finalmente, termine fracasando este nuevo proceso, lo que le haría mal a Chile.

Proyección del FA

- Una de las normas incluidas por los expertos eleva la exigencia de los partidos para ser constituidos legalmente, lo que pone en peligro a algunas de las colectividades oficialistas. En ese escenario, ¿hay espacio para unir al Frente Amplio (FA) en un único partido?

- En RD tuvimos un congreso estratégico este año y discutimos, entre otras cosas, la proyección del FA en la posibilidad de un partido, y una de las conclusiones que definimos colectivamente, de manera orgánica, es que al menos durante el 2023 íbamos a estar en una prioridad de fortalecimiento de RD en distintos niveles. No descartamos más adelante abrir esa discusión también con las otras orgánicas del FA y más allá de la coyuntura electoral. Más allá de esa discusión que es pragmática y electoral, también hay que hacerse la pregunta más de fondo de para qué sería este proyecto político, cuál es su horizonte ideológico y programático, cuál sería su orgánica, funcionamiento y democracia interna, qué queremos proyectar de este sujeto político frenteamplista en el actual contexto; en un auge de las ideas conservadoras y de la ultraderecha, cuál es el rol que podría jugar el sujeto frenteamplista en el escenario político. Esas preguntas nosotros estamos disponibles a discutirlas y conversarlas, pero no en el 2023.

- ¿Considera que en la Cuenta Pública hubo pocos anuncios para la región?

- Yo creo que fue una Cuenta Pública más centrada en lo nacional, efectivamente, con mucho énfasis en lo que se ha hecho en este primer año de Gobierno y algunos meses más de gestión, y que igual tiene una bajada regional, sólo que no se explicitó región por región, porque hubiese sido mucho más larga de lo que fue. Pero yo destaco algunas medidas que creo que son bien relevantes. Queda de manifiesto el proyecto tren Valparaíso-Santiago, es una voluntad del Gobierno avanzar en esa dirección. La otra medida es el cierre de la fundición Ventanas, y eso es parte del programa en términos de la transición social y ecológica justa, se avanza en la dirección de descomprimir la zona de sacrificio; y la otra es el royalty minero, por primera vez Chile tiene uno como tal, donde se recaudan 35 mil millones de pesos para la Región de Valparaíso y se distribuyen con justicia territorial en varias comunas, y eso es algo que se va a ver el próximo año. Son tres anuncios muy relevantes.

- ¿Por qué no se mencionaron los puertos?

- Desconozco el motivo por el cual no se mencionan específicamente. En alguna conversación que tuve con el ministro Mario Marcel hace algunas semanas, le hicimos propuestas bien concretas para este diálogo sobre la reforma tributaria, y el ministro ahí explicaba que hay aspectos como la tributación portuaria y todo lo que tiene que ver con el desarrollo portuario y la descentralización fiscal que iban a ir en otro proyecto y no en este de reforma tributaria. Entonces, tal vez es algo que se está trabajando y diseñando, pero todavía no estaban las condiciones para anunciar algo concreto.

- Antes de la Cuenta Pública se habló de que el Presidente haría un delineamiento del legado del Gobierno. ¿Cuál sería ese legado o relato?

- Yo creo que el principal relato y horizonte programático que tiene el Gobierno es construir las bases de un Estado de bienestar moderno, eso implica un Estado que va garantizando gradualmente los derechos sociales de carácter universal, que va estableciendo un sistema de cuidados y que incluye lo mixto, pero con una regulación importante y un rol activo por parte del Estado.

- ¿Cómo cree que va hasta ahora el legado?

- En este primer año yo destaco tres medidas que van a ser consideradas como legado. El aumento del salario mínimo a $500.000, el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas y el royalty minero. Y hay otras medidas que están en desarrollo, como por ejemplo la estrategia nacional del litio, con un rol activo del Estado también en alianza público-privada, el hidrógeno verde, que son posibilidades embrionarias de un nuevo modelo de desarrollo.

50 años del golpe

- El Presidente Boric mencionó como hito de este año los 50 años del golpe de Estado. ¿Cree que la fecha presenta el riesgo de polarizar aún más el ambiente político en medio del diálogo constitucional?

- Esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es una oportunidad para hacer memoria de la dictadura cívico-militar, de las violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad, y cómo eso tiene que nuevamente forjar un compromiso ético y político del nunca más, y para eso es importante que exista memoria, verdad, justicia y reparación a las víctimas y garantías de no repetición. (...) Pero al mismo tiempo la perspectiva está puesta en el presente y el futuro, la defensa y profundización de la democracia, en un contexto donde hay amenazas también a la democracia por distintos populismos que van emergiendo por políticas que relativizan las violaciones a los derechos humanos o que reivindican incluso el pinochetismo, como hemos visto en algunas declaraciones de personeros del Partido Republicano.

"Valoro mucho el trabajo que ha hecho la Comisión de Expertos (...) Es un texto razonable y un buen punto de base para seguir conversando y enriqueciendo la discusión constitucional".