Luego de casi dos años de conflictos, un operativo conjunto del municipio viñamarino, la Delegación Presidencial, Carabineros y organismos complementarios, materializó esta semana el desalojo de las 21 familias que mantenían ocupado un terreno de propiedad municipal, que está destinado a la construcción del nuevo Servicio de Alta Resolución (SAR) de Miraflores Alto. Aunque los efectivos de Fuerzas Especiales que participaron en el procedimiento fueron recibidos con bombas molotov y barricadas por algunos pobladores, la operación fue el punto final de un proceso bastante más largo, que incluyó un diálogo permanente con las familias en toma y la búsqueda de soluciones provisorias para el conjunto ellas.

El procedimiento cierra, al menos momentáneamente, un tema que había significado un dolor de cabeza para la alcaldesa Macarena Ripamonti, cuya gestión inicial en torno al problema de la toma "Marichiweu" recibió duros cuestionamientos de la oposición y algunos vecinos, quienes calificaban como una desidia que perjudicaba al resto de los viñamarinos la falta de una acción rápida y directa del municipio. "Está romantizando las tomas ilegales", dijeron algunos diputados por las declaraciones iniciales de la jefa comunal sobre la necesidad de abordar el tema con una perspectiva distinta, al tiempo que exigían la aplicación inmediata de la ley.

La demora se extendió más allá de lo razonable, en parte porque el municipio buscó la aplicación de un procedimiento distinto, que por la vía de asegurar a las familias desalojadas ciertas condiciones básicas de existencia, evitara que el predio fuera objetivo de nuevas acciones ilegales, como ha ocurrido tantas veces en este tipo de casos. El riesgo de este enfoque es instalar un incentivo perverso que aliente la ocupación ilegal de un terreno; no hacerlo de esta manera significa reproducir las condiciones que provocaron el problema en primera instancia. Por ello es que, en una Región que ostenta la mayor cantidad de campamentos y predios bajo ocupación irregular del país, resulta indispensable que las autoridades acuerden protocolos de intervención y dispongan de los mecanismos de fuerza pública y apoyo estatal que garanticen no sólo procedimientos eficaces y con impacto duradero, sino también más rápidos. Dos años de espera es mucho tiempo.

Nuestro país ha tenido la rara práctica de elegir a autoridades políticas comparables a través de mecanismos electorales claramente diferentes. En algún tiempo escogíamos a los concejales mediante un sistema proporcional, a los diputados y senadores por medio del sistema binominal y a los consejeros regionales de forma indirecta por vía de los concejales. En lo que se refiere a esos órganos colegiados, sin embargo, ese "tutti frutti" electoral se fue extinguiendo. Hoy, en todos esos casos empleamos la elección directa y un mecanismo de asignación de escaños más o menos proporcional entre listas abiertas de partidos o pactos de partidos, por cuyos integrantes individuales votan los ciudadanos.

En materia de cargos ejecutivos, en cambio, la diversidad de mecanismos se mantiene. Tratándose del Presidente de la República, se efectúa una segunda vuelta electoral entre las dos primeras mayorías de la primera vuelta, si es que en ésta ningún candidato supera el 50% de los votos válidamente emitidos. Con los gobernadores regionales sucede algo parecido, aunque el umbral para ganar en primera vuelta es más bajo: basta alcanzar el 40% de los sufragios. Y para alcaldes simplemente no hay segunda vuelta; triunfa quien obtenga la primera mayoría en la única vuelta, sin importar qué porcentaje de votos logre.

La forma de elección de los alcaldes se ha vuelto, así, una anomalía dentro de nuestro sistema político. Y sus efectos negativos ya han resultado manifiestos en ocasiones. El alcalde de Concón, por ejemplo, llegó al sillón edilicio con apenas un 22% de los votos. Un 78% prefirió a otros candidatos y, dada la orientación política de varios de ellos, es muy probable que en una segunda vuelta hubiera perdido, incluso con contundencia.

Y ahora que en Chile ya no hay dos grandes coaliciones de partidos, sino varias más o menos pequeñas, una elección unipersonal con una sola vuelta puede tomar un cierto aire a lotería. Para evitar eso, muy probablemente algunas coaliciones intentarán llegar a pactos por omisión con otras, repartiéndose -luego de feroces negociaciones- las comunas en que cada una de ellas presentará candidatos. Esa es, a mi juicio, una mala solución. Por una parte, se limitarían cupularmente las opciones a disposición de los ciudadanos. Por otra, esos pactos probablemente tendrían el efecto de atar a las coaliciones moderadas a las más extremas, dificultando así la imperiosa necesidad que tenemos de revertir la polarización de nuestras fuerzas políticas.

¿Habrá llegado el momento de introducir la segunda vuelta en la elección de alcaldes? Con ello los ciudadanos tendrían más donde escoger, se aseguraría un mandato electoral sólido para el ganador y, como vimos entre noviembre y diciembre de 2021, las segundas vueltas suelen incentivar la moderación.