Equipo Crónica

La aplicación chilena "Awto", que permite arrendar un vehículo pagando sólo el recorrido que se realiza, se encuentra en la mira de vecinos de Reñaca y Jardín del Mar, debido a que los rodados, una vez utilizados, están siendo dejados sobre las veredas de calles estrechas y sin ninguna consideración si tal acción genera otro tipo de externalidades a los residentes.

Los afectados denuncian que a raíz de esta situación se han visto en reiteradas ocasiones con sus accesos bloqueados. Además, señalan que algunas vías son usadas prácticamente como parqueaderos de esta aplicación.

Cansados de esta cuestionada práctica, vecinos organizados presentaron una denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Viña del Mar, ante las reiteradas infracciones a la Ley de Tránsito que, aseguran, cometen los usuarios de esta aplicación.

"Todos los días, sin ninguna consideración ni respeto por las familias, estacionan sus vehículos sobre las veredas peatonales e impiden que las personas puedan salir correctamente de sus propias casas, en su autos o incluso caminando, porque bloquean hasta las puertas. Es una situación impresentable que debe ser atendida a la brevedad por las autoridades correspondientes", explicó el abogado y vecino, Jaime Barrientos, quien patrocinó la acción judicial.

El jurista hizo un llamado al municipio de Viña del Mar a cursar las infracciones correspondientes y a regular en su ordenanza las zonas en que se pueden estacionar o no los automóviles de aplicaciones de arriendo de vehículos, sobre todo cuando se trata de sectores residenciales.

"Es una situación impresentable que debe ser atendida a la brevedad por las autoridades correspondientes".

Jaime Barrientos, Abogado

Un verdadero calvario asegura estar viviendo Katherine Navarro, viñamarina que ha desembolsado casi $12 millones en un crédito automotriz que suscribió para adquirir un vehículo, el cual aún no es entregado por la empresa con la que pactó el financiamiento y la compra del rodado.

En febrero de este año, la afectada firmó un compromiso de pago en cuotas por un total de $18.090.000 con la Sociedad Automotriz AC&M, sede Viña del Mar, para la adquisición de un automóvil Mazda modelo New CX3. El acuerdo firmado entre ambas partes establecía que, una vez pagado el 47% del valor del vehículo, este tendría que ser entregado por la sociedad automotriz en un período de 45 días.

No obstante, dicho plazo se cumplió en mayo y el automóvil aún no ha sido entregado. La denunciante asegura además que la empresa ya no responde sus correos, por lo que mantiene la incertidumbre respecto a qué ocurrió con los $12 millones que ya pagó.

"Es una situación indignante. La mayoría de la gente que se mete a esto son personas de esfuerzo, gente que no puede ir a una automotora donde tienes que demostrar que tienes ingresos para comprar un auto", dijo Katherine Navarro.

Tanto en redes sociales como en el perfil de Google de la Sociedad Automotriz AC&M las denuncias proliferan, con denuncias de clientes que afirman que llevan hasta dos años esperando por su vehículo.

Acusan estafa

Lo anterior motivó a la mujer a presentar una querella por estafa contra la Sociedad Automotriz AC&M en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

Las abogadas querellantes, Belén Figueroa y María del Pilar Merino, sostienen la tesis de que la empresa opera con un modelo de estafa piramidal.

"Aquí hay un dolo, una premeditación previa. (...) Lo que nosotros esperamos es que se configure el delito de estafa piramidal. Ellos no hacen ninguna inversión, la inversión viene de todos los clientes. El relato de todas las víctimas es el mismo", detalló Merino.

Tras ser presentada la querella a fines de agosto, el caso está siendo investigado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Valparaíso. Este Diario se contactó con la Sociedad Automotriz AC&M; sin embargo, no se recibió respuesta hasta el cierre de esta nota.

"Aquí hay un dolo, una intención, una premeditación previa. (...) Ellos no hacen la inversión, la inversión viene de todos los clientes".

María del Pilar Merino, Abogada querellante

El servicio Mejor Niñez ha presentado 32 denuncias este año por delitos de explotación sexual infantil que han afectado directamente a niñas y adolescentes que residen en hogares colaboradores ubicados en comunas de la Región de Valparaíso. Las menores, cuyos derechos estarían siendo vulnerados, pertenecen a seis residencias locales.

Ante ello, la diputada Camila Flores (RN) solicitará una sesión especial y el ingreso de diversos oficios al servicio Mejor Niñez, la Fiscalía Regional y la Defensoría de la Niñez. "Este caso reviste la máxima gravedad, estamos hablando de cómo niñas vulnerables, que están en manos y protección del Estado, están siendo nuevamente vulneradas, independientemente si esta situación se genera dentro de los centros de las residencias o en los alrededores. Acá tiene que existir una protección completa de estas menores", dijo.

Además, ofició "a la ministra del Interior para saber cuál es la acción que están utilizando como Gobierno para hacerse parte de las investigaciones y querellas correspondientes".