Cristián Rojas M.

El diputado Andrés Celis (RN) ingresó una denuncia, solicitando formalmente al Ministerio Público iniciar investigaciones para determinar eventuales responsabilidades de carácter penal de los funcionarios del Gobierno Regional de Valparaíso (Gore), tras la realización de una auditoría sobre las transferencias del Gore a entidades privadas sin fines de lucro, efectuada por la Contraloría General de la República.

En el informe de 57 páginas del ente fiscalizador, fechado el 6 de diciembre de 2023, se detalla una serie de incumplimientos a las normativas vigentes detectados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023.

Entre las irregularidades se encuentran la arbitrariedad en la capacitación de 14 organizaciones privadas sin fines de lucro y universidades privadas para postular al financiamiento de transferencias, sin razones o argumentos fundados. También advierte una falta de detalle técnico en actividades de convenios con la fundación Terram y las corporaciones Fima y Epmusa.

Procultura

Otra observación es sobre la inadecuada justificación de gastos y posible uso indebido de recursos en el convenio con la Fundación ProCultura. Además, se advirtió la realización de 53 transferencias a entidades privadas por más de mil millones de pesos sin concurso público, sin justificación adecuada y con recursos pendientes de rendición de casi $16 mil millones.

Al respecto, el diputado Celis manifestó que "dado que transferir dineros públicos a fines no contemplados en la ley y normativa aplicable es una ilegalidad que perjudica los intereses fiscales y la aplicación, gasto y consumo en fines privados sin control, lo que podría configurar malversación, y que de por sí perjudica al Fisco de Chile, solicité formalmente que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes para determinar eventuales responsabilidades de carácter penal de los funcionarios del Gore involucrados en estas irregularidades".

El parlamentario también derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, por medio de una carta en la que solicita su intervención.

"se tuvo por subsanada"

Consultado al respecto, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, planteó que "al igual que lo sucedido a nivel general en las auditorías realizadas por Contraloría a las asignaciones directas efectuadas por distintos servicios públicos, en especial gobiernos regionales, se cuestionaba la ausencia de un mecanismo de concursabilidad como regla general y que, por tanto, en nuestro caso las asignaciones directas carecían de los elementos necesarios para ser consideradas como debidamente motivadas".

"Pues bien, de lo concluido por Contraloría se desprende que se tuvo por subsanada esta observación, toda vez que se recogieron los argumentos normativos expuestos por nuestro Gobierno Regional en el sentido de la habilitación presupuestaria por medio de glosas para la asignación directa, es decir, se concluyó que las transferencias y los actos administrativos que las aprobaban se encuentran debidamente fundados", puntualizó Mundaca.

Por otra parte, indicó que "todos los programas contaban con programas de caja, que era un requisito de postulación y hoy día está claro, a propósito de la Ley de Presupuesto 2024, que no se puede transferir en una sola cuota, a diferencia del año 2022, donde la Ley de Presupuesto no hacía ninguna mención a esta esta situación, y por tanto, actuamos precisamente apegados a la Ley de Presupuesto del año 2022".

En tal sentido, el jefe regional precisó que "hoy día todos los programas se encuentran en ejecución y en rendición de cuenta mensual, y para ello tenemos un control, que actúa como contraparte de todos los convenios, una contraparte que está dirigida desde la División de Presupuesto de Inversión Regional, además de una unidad de rendición de cuentas, y también de una comisión de seguimiento".

En cuanto a ProCultura, el jefe regional detalló que "ya mandamos un equipo de fiscalización hace tres semanas, los trabajos que están comprendidos en el programa se ejecutaron y ya se realizó la rendición".

El gobernador puntualizó que en el informe de Contraloría "las observaciones que se nos hacen del punto de vista administrativo, del punto de vista de los manuales de procedimiento, y del punto de vista de las mejoras en el seguimiento de la ejecución presupuestaria, son mecanismos que existían en los gobiernos regionales al momento de ser asumida la conducción del Gobierno Regional. Hoy día precisamente estamos trabajando en ello, nos han dado un plazo de 60 días para presentar y representar las mejoras y dar respuesta a la observaciones que nos ha hecho la Contraloría".

Mundaca hizo notar que "aquí no hay ningún requerimiento hacia el Ministerio Público, a propósito de lo que ha ocurrido en otras reparticiones, y por tanto, hoy día nuestras observaciones son de carácter administrativo. Las observaciones tienen que ver con la implementación de reglamento y también con mejoras en los sistemas de seguimiento de la ejecución presupuestaria, y ante esas observaciones vamos a dar respuesta a todas y cada una de ellas".

Visión de los cores

Para el consejero regional John Byrne (P. Republicano), "no parece razonable que ProCultura entregue dos cotizaciones, siendo ambas de funcionarios de la misma fundación. De igual modo, ProCultura entrega la misma liquidación al Gore y al municipio, obteniendo el doble de recursos por la misma obra supuestamente realizada".

Por otra parte, cuestionó que "las asignaciones a proyectos genéricos -obviamente con propósitos políticos- de Fima y Terram, jamás se debieron asignar. Estas dos situaciones merecen la inmediata denuncia por la Contraloría a la justicia. Además, no debieran asignarse más recursos hasta que se certifiquen los procesos de asignación y control en el Gore".

A su vez, la core Laura Acosta (UDI) sostuvo que "en este caso tenemos dos hechos diferentes: uno respecto a Procultura, que tiene dos aristas, las cotizaciones y otra los pagos duplicados. Y lo otro, que es lo que hemos señalado desde hace tiempo, son las fundaciones ideológicas. Es evidente que al ser proyectos genéricos es muy difícil fiscalizarlos y, por lo tanto, se facilita el activismo para sus fines, lo que es algo muy complejo".

En tanto, la core Tania Valenzuela, jefa de bancada del Frente Amplio, hizo notar que "las observaciones e indicaciones que realiza el informe de Contraloría son de carácter administrativo", y cuestionó que "las acciones emanadas por parte de parlamentarios de oposición, además de ser carentes de fundamentos jurídicos y no aportar en el robustecimiento de la institucionalidad pública, no hacen más que buscar mezquinas ganancias personales, lo que lamentablemente desgasta y desvirtúa el debate de fondo".

Finalmente, el core Manuel Miillones (Ind./Ex UDI), llamó a que "no sigamos comentando lo que dijo uno u otro actor político, y así evitar distractores. La palabra la tiene el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, y son ellos los que deben despejar las denuncias sobre las fundaciones y los aportes del Gore".

No obstante, advirtió que "quien relajó los controles y abrió la puertas a estos hechos fue la Dirección de Presupuestos. En nuestra región el problema está acotado a cinco organizaciones y es donde el ente fiscalizador hace los reparos y ordena abrir un sumario. Hay que ser cuidadosos de no afectar con imputaciones a funcionarios que no tienen responsabilidades en los hechos descritos por el ente fiscalizador. La Ley de Presupuesto 2024 hizo cambios importantes y volvió a colocar barreras en resguardo del interés fiscal".

"Que el Ministerio Público inicie las investigacionespara determinar eventuales responsabilidades de carácter penal".

Andrés Celis, Diputado (RN)

"Son mecanismos que existían en los gobiernos regionales al momento de asumir la conducción del Gore".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional

"