El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, condicionó una extensión corta de las negociaciones sobre el "brexit" a que la Cámara de los Comunes británica ratifique la semana próxima el acuerdo de retirada cerrado entre Londres y Bruselas, el cual ya ha rechazado dos veces.

"A la luz de las consultas que he tenido los días pasados (con líderes de la Unión Europea), creo que una extensión corta será posible, pero estará condicionada a un voto positivo del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes", dijo Tusk, en declaraciones a la prensa, tras hablar por teléfono con la "Premier" británica, Theresa May.

Tusk añadió que la duración de esa prolongación "sigue abierta", a pesar de que May solicitó ayer, en una carta al propio Tusk, retrasar el "brexit" hasta el 30 de junio.

"La propuesta de la Primera Ministra May del 30 de junio, que tiene sus aspectos positivos, crea una serie de interrogantes de naturaleza legal y política. Los líderes discutirán esto mañana (hoy)", indicó el político polaco, en referencia a la cumbre de la UE que comienza hoy en Bruselas.

Después de que la Cámara de los Comunes votara, el jueves pasado, a favor de posponer la salida del Reino Unido, la Primera Ministra británica solicitó ayer la prórroga. Los líderes de los 27 países que seguirán en la UE tras la salida británica, que deben dar luz verde a ese retraso por unanimidad o rechazarlo, tienen previsto analizar esa cuestión en la reunión que comienza hoy en la capital belga.

La fecha propuesta por May resulta problemática si el Reino Unido, como ha adelantado ella misma, decide no celebrar comicios al Parlamento Europeo, los que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo en el resto de Estados miembros.

Según las normas comunitarias, todos los países miembros de la UE están obligados a organizar la votación al Parlamento Europeo en su territorio y, si se diera luz verde a una prórroga hasta el 30 de junio, el Reino Unido estaría violando la legislación si no celebra elecciones, a pesar de que el 2 de julio, cuando se constituye la próxima Eurocámara, ya no pertenecería a la UE.

En la carta que May envió ayer a Tusk también pedía que en la cumbre europea de hoy se aprueben los documentos que pactaron la Comisión Europea y el Gobierno del Reino Unido el 11 de marzo en Estrasburgo, los que incluían garantías adicionales sobre la salvaguarda irlandesa contenida en el pacto de salida.

La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 1.490 millones de euros a Google por abusar de su posición de dominio en el mercado de la publicidad en línea con su servicio AdSense for Search.

Esta es la tercera y menos cuantiosa multa que inflige Bruselas al gigante tecnológico después del castigo récord de 4.343 millones de euros por utilizar su sistema operativo Android para reforzar la posición de dominio de su buscador y de la sanción de 2.424 millones de euros de junio de 2017, por abuso de dominio con su servicio Google Shopping.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, explicó que Google impuso "cláusulas restrictivas" en contratos con sitios web de terceros que impidieron a sus rivales emplazar en ellas sus propios anuncios relacionados con búsquedas.

"Esto es ilegal bajo las normas antimonopolio de la UE", subrayó la comisaria, quien explicó que el comportamiento irregular duró diez años, de 2006 a 2016, durante los cuales la firma estadounidense "negó a otras empresas la posibilidad de competir en los méritos e innovar" y motivó que los consumidores acabaron pagando "precios más altos".

La investigación de la CE mostró que, desde 2006, Google incluyó cláusulas de exclusividad en sus contratos, de manera que se prohibía a las webs situar ningún anuncio de búsqueda de competidores en sus páginas de resultados de búsquedas. También que, desde 2009, Google empezó a reemplazar esas cláusulas de exclusividad por otras, que requerían a las web reservar los espacios más rentables en sus resultados de búsquedas para los anuncios de Google y exigían un mínimo de éstos.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, afirmó que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas, las que han sido documentadas por su oficina.

Al comparecer ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Bachelet entregó un balance del último año en materia de derechos humanos en Venezuela. "Estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia en Venezuela", relató.

"En el contexto de la última oleada de protestas en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, incluidos el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos bajo custodia, amenazas e intimidaciones", agregó en su informe oral.

Dijo que su oficina sigue investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017 y otras 37 sólo en las protestas de enero, el mismo mes en que la Asamblea Nacional (Parlamento) proclamó a Juan Guaidó como Presidente encargado del país.

"La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada", explicó.

Bachelet destacó también que las autoridades venezolanas "se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos".

La crisis sanitaria y alimentaria en el país sudamericano ha llevado a más de tres millones de ciudadanos a huir al extranjero. Han adoptado medidas "insuficientes", acusó la alta comisionada, quien sostuvo que los apagones que sufrieron varias ciudades hace días "simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país".

Bachelet expresó su preocupación por las recientes sanciones de Estados Unidos a las transferencias financieras vinculadas a la venta de petróleo venezolano, por cuanto podrían "contribuir a agravar la crisis económica".

Por último, Bachelet pidió al Gobierno de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados. "Es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones", dijo.

La misión técnica está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, pues el Gobierno de Maduro la ha invitado, pero el organismo de la ONU quiere asegurarse de que accederá libremente a opositores y disidentes.

El duro informe de Bachelet fue respondido por Jorge Valero, embajador de Venezuela en la ONU, quien dijo que el reporte estuvo influenciado por una "falsa campaña mediática internacional". "Los actos violentos y criminales que se han repetido en Venezuela en los últimos años son promovidos por un sector de la oposición financiado desde el exterior", acusó el diplomático caribeño.