Los chilenos somos punteros en el ranking de consumo de alcohol en América Latina, con un promedio anual de 9,6 litros por habitante. Los efectos sociales son múltiples en salud, empleo, producción y violencia. Un solo dato, el año pasado fallecieron en el país 149 personas en accidentes de tránsito donde el factor basal fue la conducción en estado de ebriedad.
Se afirma además que el alcohol es el primer paso en la ruta que conduce a la droga. Y, lo que es peor, el consumo de alcohol se inicia tempranamente, en el preadolescencia.
Uno de los factores, además de la costumbre y la aceptación social, es el fácil acceso a diversos tipos de bebidas alcohólicas en comercio de todo nivel y a bajos precios.
En el punto comercial el rol fundamental lo detentan las municipalidades, que otorgan las patentes correspondientes en diversas categorías.
Y en ese aspecto pareciera que muchas municipalidades están sobregiradas en el otorgamiento de patentes. Un informe de la Contraloría Regional advierte que la comuna de Valparaíso tiene un superávit de 148 de esas licencias de diverso nivel. La Municipalidad argumenta que esas patentes corresponden a administraciones anteriores, léase, sin mencionar nombres, perversas alcaldías DC y UDI. Sin embargo, la actual ha reducido en un 31% las patentes vigentes, bajando de 212 a 147.
Pero la Contraloría detectó algo peor: varias patentes cuyos titulares han fallecido, fueron renovadas, ante lo cual la Municipalidad responde que ha procedido a bloquearlas.
Pero el mismo pecado de exceso ha sido denunciado en Viña del Mar, donde la Municipalidad habría entregado 306 patentes en circunstancias que sólo podría dar 161. El hecho fue desmentido por la alcaldesa, pero asociado al tema están quejas vecinales por ruidos molestos, riñas nocturnas e incluso la existencia de locales de expendio de alcohol casi a las puertas de una sede universitaria.
Y sumándose a la materia, la Municipalidad de Quilpué pone en subasta varias patentes de alcohol con mínimos que van desde $ 1.500.000 a $ 4.000.000.
Desde un punto de vista positivo se puede afirmar que con licencias formales se evita el clandestinaje y hay algún nivel de control sobre los locales. Además los permisos significan ingresos para las municipalidades.
Todo eso es cierto, pero sólo sobrepasar los límites establecidos es una irregularidad que facilita el consumo. Además, está la cuestión de los horarios, tanto en ventas al exterior en botillerías como en locales nocturnos.
El hecho es que en esta materia hay una responsabilidad municipal que no se puede eludir en un problema de alcance social como es el alcoholismo, que exige rigor en el otorgamiento de patentes para la venta del producto.